•   SOMOTO, MADRIZ  |
  •  |
  •  |

La jueza penal de Audiencias de Madriz, Rosa Edelmira Ruiz, dijo que encontró suficientes méritos en la aportación de pruebas e intercambio de información entre el abogado defensor Edwin Montoya,  y el fiscal Ministerio Público, Nelson López Rivera, y el acusador particular Harold Armando Barahona Betanco para remitir a juicio oral y público a Jesús Herrera Zepeda, conocido en San José de Cusmapa como “Jersan”, programado para el 20 de diciembre.

Herrera Zepeda, junto los otros indiciados y policías voluntarios: Mauricio José Díaz Jiménez, Martín Ramírez Izaguirre y Pablo Alvarado Espinoza, está acusado de coautor en la presunta comisión del delito de homicidio en perjuicio de las vidas de José Mercedes Pérez Tórrez y sus hijos Elmer y Josué (Ariel) Tórrez Cruz.

Funcionario de CSE fuera de proceso
Además de los delitos de lesión grave con arma de fuego en perjuicio de José Francisco (Amílcar) Tórrez Cruz, y lesión leve a José Moisés Tórrez Cruz, a Herrera Zepeda --que también fungió como secretario político del FSLN San José de Cusmapa-- se le agrega la autoría directa en el supuesto delito de “portación o tenencia ilegal de arma de fuego”.

Hasta el momento, al subcomisionado Elvin López Aguilera, exjefe policial en San José de Cusmapa, se le señala en la acusación por el delito de “cooperador necesario”. La jueza dijo que hasta la fecha no ha recibido más acusaciones contra otras personas que se les implique en el mismo caso.

La familia de los tres difuntos mantiene el señalamiento contra Eusebio Cruz Montenegro, funcionario del Consejo Supremo Electoral, en la supuesta autoría de las muertes de sus parientes, no obstante, según el acusador particular, Barahona Betanco, posiblemente quedará fuera del juicio, porque cuando él asumió su función, ya la Fiscalía había presentado la acusación, y por el vencimiento de términos tuvo que agregarse a esta.

Pero en declaraciones anteriores, el fiscal Juan Carlos Silva Pozo afirmó que había solicitado a la Policía una ampliación de las investigaciones para determinar el objeto de la presencia de Cruz Montenegro y del señor Domingo López, en la escena de los hechos, pero de sus resultados no se ha informado.

Cuestionan tipificación de delitos
Ruiz dijo que también determinó mantener las medidas cautelares de prisión preventiva contra todos los enjuiciados, y en el caso particular de Herrera Zepeda, quien deberá ser resguardado con custodia policial en el Hospital “San Juan de Dios” de la ciudad de Estelí, mientras se recupera de lesiones que sufrió la noche de los hechos sangrientos en la comarca El Carrizo, el 8 de noviembre pasado.

La tipificación del delito fue cuestionada por Alberto Rosales, delegado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, que ha acompañado a la familia ofendida desde que se registrara la tragedia. “Si uno lee la acusación, se da cuenta de que los hechos dan para un asesinato y no para un homicidio”, indicó.

“Hubo saña, lo que pudimos ver en el caso de uno de los fallecidos, que incluso sus vísceras fueron expuestas, producto de los golpes que recibió post mortem; también hubo premeditación, porque (los supuestos victimarios) se reunieron, consumieron licor, antes que ocurrieran los hechos”, señaló.

Por su parte, el acusador particular Barahona Betanco dijo que adjuntó a la acusación a otros testigos claves e información recopilada en la comarca El Carrizo, con lo cual demostrará en el juicio que el delito es asesinato y no homicidio, porque hubo ensañamiento en la ejecución del crimen.

Doña Irinea Mejía Cruz, viuda de Mercedes Pérez Tórrez, y madre de Josué Sael y Elmer Tórrez Cruz, presenció la audiencia inicial realizada a Herrera Zepeda. Dijo que le hubiera gustado que le dejaran dar su testimonio de los hechos. “Yo los vi con mis ojos, lo palpé con mis manos, a mis difuntos que levanté, y todavía los hechores andan ambulantes, y pagando sin tener conciencia de lo que deben”, manifestó.

La jueza Ruiz, como en las dos ocasiones anteriores, realizó las audiencias con restricción al acceso al público y a los periodistas. La Policía también suspendió el paso a peatones por la cuadra donde se ubica el edificio de los juzgados.

Agregó que también lo hacía por medidas de seguridad, pues en un caso anterior, el recinto judicial fue invadido por pandilleros que intentaron quitarle un reo a la Policía. Además, porque el local es muy reducido para albergar a las personas comparecientes y a los abogados, y los flashes de cámaras la distraen, así como el secreteo que se estila en los presentes.