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“Le tuve miedo ese día. Le tuve horror”, aseguró Raquel Doña Lago, esposa de púgil profesional Román “Chocolatito” González, acusado por violencia intrafamiliar en el Distrito 3 de Policía. Ella, para tener un proceso justo, pidió acompañamiento de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, durante el proceso que ella levanta en contra de su marido.

Por el caso, ayer por la mañana las autoridades impusieron una restricción a González, y él deberá alejarse del hogar y de su pareja durante el proceso de denuncia, mientras tanto, el Ministerio Público está analizando la información para el proceso de acusación.

Doña indicó que su marido siempre la agredió verbalmente, y en otras ocasiones físicamente, pero por miedo, por la pena de qué dirá la gente, no hizo la denuncia. “Pero las agresiones eran cada vez más fuertes, y el jueves pasado tuve tanto temor de que la violencia pasara a más, que decidí poner un alto a la situación e interpuse la denuncia formal. También no quiero que mi hijo crezca en un hogar de violencia”, comentó Doña.

Dijo que primero los agentes de la Comisaría de la Mujer la querían calificar solo como falta y no como violencia intrafamiliar, como al final se tipificó el problema.

“Es muy injusto y me acusó de infidelidad. No solo me agredió físicamente, sino que puso mi nombre por el suelo, son injurias y calumnias. Eso no lo voy a permitir, y por eso también abrí una causa judicial en su contra. Voy a seguir hasta el final”, aseguró, agregando que con el acompañamiento de la CPDH quiere asegurarse de que su marido no utilice sus influencias como personalidad deportiva nacional.

Karla Sequeira, de la Dirección de Asesoría Legal de la CPDH, expresó que atenderán la solicitud de Raquel Doña, demandarán información a las autoridades para dar seguimiento al caso y velar para que el proceso sea transparente.

“Esperemos que no haya favoritismos para ninguna de las partes y que ambos tengan los mismos derechos y se les respeten las garantías legales”, alegó Sequeira.

Indicó que se espera la acusación del Ministerio Público y su admisión en los juzgados, para luego escuchar la voz de la justicia y que se aplique la ley.