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Aeropuerto La Paloma lo deja sin potreros
Isla de Ometepe /  LÉSBER QUINTERO


Mientras el proyecto de rehabilitación y ampliación del aeródromo de Moyogalpa, Isla de Ometepe, avanza, el campesino Róger Antonio Cruz Galarza, de 71 años, aseguró que para él dicha obra es causa de preocupación, porque sus tierras las están asignando al proyecto y sin recibir indemnización.

Según Cruz Galarza, él posee 42 manzanas de tierra en el sector de La Paloma, que es donde se ejecuta el proyecto, y aseguró que a medida que avanza la construcción del aeropuerto, sus potreros se los van achicando “y me  siguen expropiando, porque cada vez es mayor la cantidad de tierras que le asignan  a esta obra y  ni siquiera me toman en cuenta”.

El afectado agregó que los potreros que hoy son utilizados por la Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales, EAAI, los usaba para el ganado de su propiedad y el de otros campesinos que le pagaban alquiler, y según sus palabras, la empresa constructora tumbó decenas de árboles y no le permitieron que se llevara los trozos de madera.

En una visita realzada al lugar donde se construye el aeropuerto, EL NUEVO DIARIO constató que la obra avanza ágilmente sobre las 34 manzanas de tierra que el 9 de junio fueron declaradas de utilidad pública.

A judiciales investigados se les retendrá salarios
Martha Vásquez

El Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial de la Corte Suprema de Justicia, aprobó mediante acuerdo número 345, que todo trabajador administrativo y jurisdiccional que sea separado de su cargo por investigación de causa grave y muy grave, le será retenido el salario mientras culmine el proceso.

Según  el Consejo, esta medida es parte del proceso de fortalecimiento y definición de las políticas de administración del personal de ese supremo tribunal, establecidos en la Ley de Carrera Judicial.

Además, argumentó que es necesario tomar medidas más beligerantes durante los procesos de investigación por la comisión de faltas muy graves seguidas en contra de trabajadores de ese Poder del Estado.

En el acuerdo, los magistrados recordaron que por mandato Constitucional, artículo 131, los funcionarios y empleados públicos son personalmente responsables por la violación a la Constitución, por falta de probidad administrativa y por cualquier otro delito o falta cometido en el desempeño de sus funciones.

Aunque el Decreto no menciona nada sobre la reivindicación salarial en caso de que el trabajador salga limpio de la investigación, Francisco Rocha, Secretario de la Federación de Trabajadores Judiciales de Nicaragua, expresó que esta medida no los afecta en nada, y que más bien es una forma de combatir la corrupción.