•   Corresponsal END San José, Costa Rica  |
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La minería Crucitas quedó sepultada luego de que ayer la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica refrendara la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo, TAC, que anuló la concesión ambiental a dicho proyecto, el cual se ubica en la zona fronteriza con Nicaragua.

Los magistrados de la Sala Primera dejaron en firme la sentencia del TAC de noviembre de 2010, al anular recursos de casación, despejando así meses de dudas, acusaciones, señalamientos y hasta probablemente problemas de corrupción en torno a esta minería cuyo destino también interesa a Nicaragua, porque se pretendía desarrollar cerca del río San Juan.

Allegados a la minería presentaron varios recursos de casación contra el fallo del TAC, pero la Sala Primera dictó que “en sentencia n° 1469 de las 9 horas del 30 de noviembre de 2011, la Sala Primera declaró sin lugar los recursos de casación”.

“Lo anterior significa que el fallo del Tribunal se mantiene firme”, culminó el dictamen de la Sala.
Tras conocer el fallo, ambientalistas costarricense celebraron.

“Esperábamos realmente que la Sala  Primera diera la razón a esos tres valientes jueces que el 24 d noviembre de 2010 dijeron que habían dado de manera incorrecta la concesión a industrias infinito”, dijo Marcela Zamora, miembro del movimiento Ni Una Sola Mina, que ha realizado varias actividades contra la minería a cielo abierto, tales como marchas, huelgas de hambres y caminatas.

Arias quiere “esclarecer” caso
En tanto, el expresidente Oscar Arias se puso a disposición de la Fiscalía, una vez que conoció la noticia.

“No conozco a fondo la sentencia de la Sala I en el caso Crucitas. Sin embargo, este es un tema que la Fiscalía ha venido indagando desde hace mucho tiempo. Si eventualmente se considera que yo pueda ayudar a esclarecer sus investigaciones, como siempre, estaré en la mejor disposición de hacerlo”, indicó en su cuenta de Facebook.

El TAC recomendó a la Fiscalía investigar a Arias, el exministro Roberto Dobles y 6 exfuncionarios más involucrados en un decreto de  declaratoria de interés público del proyecto minero, dictado en 2008.

En Costa Rica es prohibida por ley la tala rasa de árboles, y el delito de prevaricato se refiere al dictamen de medidas contrarias a cualquier legislación, lo cual amerita condena a cárcel que va entre los dos y los 6 años.

La causa penal abierta contra Arias hace 3 años estaba archivada. El exmandatario ha sido defensor de la minería.

Otras diez personas, entre funcionarios y exfuncionarios del Ministerio de Ambiente, responsables de haber dados los permisos a la minería, son indagadas por la Fiscalía.

La Fiscalía les abrió causa penal para determinar si los permisos fueron otorgados evadiendo la ley.