•   Managua, Nicaragua  |
  •  |
  •  |

La repartición de magistrados en la Corte Suprema de Justicia, CSJ, de acuerdo con la proporcionalidad de fuerzas políticas en la Asamblea Nacional, a la que hace referencia el magistrado con período vencido, Rafael Solís, “es anómala e ilegítima”, además de que no está en la agenda de la alianza Partido Liberal Independiente, PLI, que es segunda en el poder.

El jurista Oscar Castillo argumentó que la Constitución Política de Nicaragua en su artículo 138, referente a las atribuciones de la Asamblea Nacional, numeral 7, dice que el parlamento elegirá a los magistrados de la Corte en listas separadas propuestas para cada cargo por el Presidente de la República y diputados, en consulta con las asociaciones civiles pertinentes.

A este se agrega el artículo 161 de la Carta Magna, donde se establecen los requisitos para optar a este cargo público, como son: ser de nacionalidad nicaragüense, ser abogado de moralidad notoria, haber sido magistrado del Tribunal de Apelaciones durante cinco años, estar en pleno goce de sus derechos políticos y civiles, haber cumplido 35 años de edad, no haber sido suspendido en el ejercicio de la abogacía y del notariado.

Además, no ser militar en servicio activo y haber residido en forma continua en el país los cuatro años anteriores a la fecha de la elección.

“Ley no establece repartición por cuota política”

“La Constitución, así como la Ley Orgánica del Poder Judicial señala claramente los procedimientos, a quién corresponde nombrarlos y los requisitos para nombrar a los magistrados y en ninguna parte de este articulado se establece que deban ser mediante repartos partidarios o por cuotas a repartir por bancada o representación partidaria”, explicó Castillo.

Según Solís, la Asamblea Nacional debe nombrar próximamente a ocho magistrados de la Corte, siete por vencimiento de período y uno por fallecimiento, y señaló que si se respeta la proporcionalidad de fuerzas, al Frente Sandinista le tocarían seis y a la alianza PLI, dos.

De aplicarse este procedimiento para 2012, la Corte Suprema de Justicia quedará dominada oficialmente por el FSLN, con 10 de los 16 magistrados que conforman esa institución.

“Lo que pasa es que a partir del pacto Alemán-Ortega parece ser que quieren imponer una forma anómala e ilegítima de nombrar a los mismos”, reiteró el jurista.

Para Castillo, el consenso y el respeto a los requisitos de idoneidad establecidos en el artículo 161 de la Constitución es lo correcto. “Cualquier otra aseveración no responde a la legalidad, sino a meros intereses partidarios”, agregó el docente.

Alianza PLI no sustituirá al PLC en el pacto
El jefe de campaña de la alianza PLI durante el proceso electoral, Eliseo Núñez Morales, señaló por su parte que la negociación para el nombramiento de los 8 magistrados no está en la agenda de esta organización, pues sus dirigentes primero deben decidir si sus diputados electos asumirán o no sus curules en la Asamblea.

Según Núñez Morales, por el momento están enfocados en trabajar para construir un sistema electoral transparente y que permita realizar elecciones realmente libres.

“Si el tema de elecciones transparentes y un sistema que permita que todos compitamos se pone sobre la mesa, creo que no solamente nosotros iríamos a esa mesa, sino que tendrían que ir todos los actores que estamos interesados en que en Nicaragua la democracia sea constituida… nosotros no vamos a ir a sustituir al PLC en el pacto”, aseveró.

Pero aún sin estar pensando en negociar, Núñez Morales expresó su desacuerdo con que según la “proporcionalidad de fuerzas” señalada por Solís, al FSLN le tocarían 6 magistrados y a la alianza PLI 2.  

“Tiene que verse el panorama de los 16 y como están las cosas y si se guarda la proporcionalidad, sería 9 y 7, pero los números hoy no son importantes, sino que el tener magistrados y cargos en el Estado debe ser parte de una solución al problema que está viviendo Nicaragua que es la consolidación de un gobierno autoritario”, indicó.

“Entonces esto no puede ser para abonar al autoritarismo, tiene que ser para construir una institucionalidad que permita volver a los cauces del Estado de Derecho y no seguir concentrando poder en unos cuantos para dominen el país sin tener contrapeso”, añadió al respecto.