•   Corresponsal END / San José, Costa Rica  |
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Confirmada la sentencia que anuló la concesión a la minería Crucitas, medios de comunicación y ambientalistas se preguntan si la Fiscalía acusará penalmente al expresidente Oscar Arias y cuál será el rumbo que la empresa Industrias Infinito tome para rescatar el proyecto.

Arias tiene una investigación en la Fiscalía por supuesto prevaricato (realizar acciones contra la ley), cuando hace tres años emitió junto a su ministro del Ambiente, Roberto Dobles, el decreto minero que declaró de interés público la minería.

La investigación al parecer no ha caminado, pero el fiscal general Jorge Chavarría no descarta imputar a ambos.

El propio exmandatario se puso a disposición de la Fiscalía, pero dejó claro, en su cuenta de Facebook, que el decreto implicó un proceso que involucra al Ministerio de Ambiente.

“Ni al inicio de la investigación ni en este momento está descartada (acusar a) ninguna persona. El Ministerio Público se ciñe a la aplicación de la ley y la Constitución Política, independientemente del rango que tengan los imputados”, dijo Chavarría a Radio Reloj.

A la minería Crucitas se le vincula con la Fundación Arias para la Paz, porque supuestamente habría recibido una donación de Industrias Infinito. Eso lo indaga también la Fiscalía.

En tanto, agotado el proceso judicial para rescatar el proyecto, ambientalistas especulan si la empresa de capital canadiense recurrirá a un arbitraje internacional o a otras instancias fuera del país, tal y como sus representantes han amenazado.

Bernal Gamboa, abogado de la Apreflofas, uno de los organismos que ganó el juicio contra la minería, no cree que la empresa recurra a un arbitraje internacional, porque sus acciones en la Bolsa de Valores cayeron estrepitosamente y se desconoce si tiene la capacidad económica para hacerlo.

“Y si van al arbitraje internacional, los árbitros les preguntarán sobre el proceso que perdieron en Costa Rica y tendrán que dar muchas explicaciones”, dijo Gamboa.

Añadió que a nivel local judicialmente el caso se agotó, porque la Sala I fue la última instancia para recurrir contra el fallo que anuló los permisos ambientales.