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La Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, interpuso una queja formal ante Asuntos Internos de la Policía Nacional, por la violación de sus mismos agentes a la orden de restricción judicial en contra del boxeador Román “Chocolatito” González, quien con dos agentes policiales ingresó a la casa de su esposa Raquel Doña, que abrió un proceso por violencia intrafamiliar.

El licenciado Pablo Cuevas, asesor legal de CPDH, destacó que la orden de restricción fue girada el martes 29 de noviembre, y dos días después, a las 10 de la noche, repentinamente llegó escoltado por agentes policiales de la Estación Tres, e ingresó al domicilio. Sin mayor explicación penetró para sacar enseres personales y se retiró.

El abogado señala que la orden de restricción le impide acercarse a la denunciante y a su domicilio, so pena de orden de detención y cárcel por desacato. “Sin embargo, acompañado de los policías violó la orden tanto él como los oficiales. Algo que se hace más grave”.

Destacó que la restricción propiamente es levantada por el juez como un recurso de protección a la integridad de la denunciante, luego de ser valorado, y teniendo sospechas fundadas de agresión. Cuevas dijo que por menos que esto, otros acusados con restricción han ido a parar tras las rejas, pero en esta ocasión, incluso, fue acompañado por agentes de la Policía de la Estación Tres, que se convirtieron en colaboradores y cómplices de desacato.

El asesor de CPDH alegó que el hecho ocurrió a las 10 de la noche, fueron avisados por la denunciante, y a las 9 de la mañana del día siguiente un abogado de CPDH visitó al jefe de la Estación Tres, Emilio Rodríguez, para obtener su versión de lo ocurrido, ante lo cual su contestación fue que no tenían por qué interpelarlo, y todo lo que tenía que decir ya antes lo había declarado en Asuntos Internos.

La denuncia se interpuso ante la oficina de Asuntos Internos, dirigida a la oficial Carolina Torres, de quien dijeron que estaba fuera del país, sin embargo, se dejó la carta. Cuevas comenta que están en espera de la contestación de la jefatura de Asuntos Internos y de una investigación, con el fin de conocer las medidas que se tomarán por el desacato policial.