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A pesar de los relativos avances en la protección de la niñez, hay una serie de vacíos que alientan la impunidad en Nicaragua, según la Coordinadora de ONG que Trabajan con la Niñez y la Adolescencia, Codeni.

La instancia presentó su informe alternativo sobre nuestra situación, ante el “Encuentro centroamericano de seguimiento al estudio de las Naciones Unidas sobre violencia contra la niñez”.

El Capítulo Regional de América Latina y el Caribe, del Movimiento Mundial por la Infancia (MMI-CLAC), se desarrolló en República Dominicana, con la participación de 180 representaciones de los gobiernos de la región y organizaciones de sociedad civil.

El informe de Codeni indica que pese a que los planes nacionales, para la Prevención de la Violencia y en contra de la Explotación Sexual Comercial, ESC, fueron formulados en amplio consenso entre Estado y sociedad  civil, carecieron de los mecanismos suficientes y efectivos de seguimiento, y al culminar no fueron evaluados desconociéndose su impacto real.

“En el 62% de todos los expedientes estudiados, los magistrados de Apelación confirmaron la sentencia de primera instancia. Es de subrayar que el mismo análisis, muestra los altos índices de impunidad, ya que de 599 juicios por delitos de orden sexual contra niñas, niños y adolescentes, solo el 28% de los agresores recibieron veredicto condenatorio y, más de la mitad fueron absueltos”, asegura el informe alternativo.

Por otra parte, mencionan que la baja cultura de denuncia de la población, así como el poco conocimiento de la ley, son factores que, sumados a las condiciones personales de las victimas respecto a los agresores, contribuyen a la impunidad.

El acceso a la justicia, además, se ve limitado por la falta de efectividad, recursos humanos y materiales de los órganos operadores.

Según estadísticas de las Comisarías de la Mujer y la Niñez, se reconoce que solo el 8% de los casos tipificados como delitos fueron remitidos al Sistema Judicial, y el 7.7 por ciento hacia el Ministerio Público, en las faltas.

Asimismo, el acceso geográfico hacia las instancias es otra de las barreras que impide con frecuencia la denuncia y búsqueda de respuesta, especialmente para las personas que habitan en las zonas rurales más alejadas.

Persisten deficiencias en el abordaje de la violencia, como la revictimización hacia las mujeres, por inadecuados procedimientos, la falta de recursos en el sistema judicial, salud y médica legal, además, falta de uso de protocolos. A lo anterior, se suman estereotipos sexistas sobre la violencia y su prevalencia en los operadores de justicia.

Destacan que otro de los aspectos que resulta preocupante, es la práctica de hacer uso de la mediación en delitos de orden sexual, a pesar de que la ley es clara en torno a que la mediación no cabe en estos tipos delitos. En un 57% de los casos se efectuó mediación, de estos, el 34% en los delitos de violación, y el 14% en abusos deshonestos.

Otro elemento es que no se ha realizado un estudio nacional sobre prevalencia de la violencia hacia niñas, niños y adolescentes. Lo más cercano a esto es la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2006-07, que incluyó un módulo sobre relaciones en el hogar y violencia, centrado en mujeres de 15 a 49 años.

Indican que es evidente que existen diversos esfuerzos que se realizan desde las instituciones estatales, así como de las organizaciones no gubernamentales, aún hay muchos retos, destacándose la necesidad de más juzgados locales en las zonas alejadas, la conformación de la comisión de seguimiento, monitoreo y evaluación de la aplicación del Plan Nacional contra la ESC 2003 – 2008, la actualización de los planes nacionales contra la violencia, la elaboración del nuevo plan 2011–2015, así como el restablecimiento del Conapina, entre otros.