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En ocho meses de funcionamiento, los Juzgados de ejecución, embargos y secuestros han resuelto 1,430 diligencias judiciales, contribuyendo de esta forma a reducir la mora judicial de 1,523 sentencias a ejecutarse, que había en los Juzgados Civiles.

Ramón Real Pérez, juez Primero de Ejecución, Embargos y Secuestros de Managua, explicó que el 10% restante que queda por hacer, “es porque hay ciudadanos que interponen los embargos, y a pesar de que nosotros les notificamos día, fecha y hora en que se va a ejecutar, no se presentan, y por eso las causas se van quedando”.

Según una nota de prensa de los juzgados capitalinos, el primer lugar en las ejecuciones lo ocupan las demandas bancarias, seguidas de los casos de familia y otros civiles. En los casos de embargos relacionados con asuntos de familia y laboral, los mismos están exentos de cualquier tipo de pago, y están obligados a cumplirse.

Buena coordinación
Las demandas que entablan los bancos y las que interponen los ciudadanos en carácter propio, donde hay intereses de por medio, se tienen que apegar al arancel judicial que estableció la Corte Suprema de Justicia, que va del 0.5 hasta el 6%, que es el máximo que se paga conforme al valor porcentual que está establecido en el mandamiento.

Por su parte, Gerald Areas Lacayo, Juez de Ejecución, destacó la excelente coordinación que existe con las autoridades de la Policía Nacional, en particular con los jefes policiales de las estaciones Tres, Cuatro, Seis y Siete, quienes brindan el auxilio judicial requerido desde el inicio hasta la culminación de la ejecución.

El juez destacó el respaldo del área de Apoyo Judicial de los Juzgados de Managua, en particular por asignar un gestor de audiencias y un oficial de seguridad para regular el ingreso de los usuarios.

“La Oficina de Notificación nos brinda un excelente apoyo atendiendo con urgencia las solicitudes. La delegación administrativa también nos asignó un funcionario que lleva el control de las minutas de pago, y la revisión de los usuarios que paguen el arancel correspondiente”, dijo el judicial.

Una de las debilidades que han observado a la fecha es la ausencia de un responsable de la Oficina de Tramitación de Ejecución y Embargos. Este problema hace que un juez ejecutor asuma la responsabilidad administrativa de revisar el trabajo de los secretarios judiciales, señaló Areas.

El funcionario también señaló algunos retrasos en la devolución de las cédulas consignadas, y que las diligencias ejecutadas remitidas a Ordice, en algunos casos no llegan o tardan en llegar al juzgado y el usuario se queja.