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Francisco Lobo, presidente de la CCJ. MIGUEL MOLINA / END.

Costa Rica no le da importancia, y por tanto no atenderá la demanda en su contra presentada por dos organizaciones ambientalistas nicaragüenses,  la cual fue admitida por  la Corte Centroamericana de Justicia, CCJ, afirmó ayer  el canciller de ese país,  Enrique Castillo.

La mejor muestra de ello es que ayer, su representación diplomática en Managua se negó a recibir la cédula de notificación de parte del tribunal regional, que admitió la demanda.

El canciller tico dijo que su país es ajeno al fallo de la Corte Centroamericana, pues Costa Rica nunca ha ratificado la adhesión  a dicho tribunal. “Nosotros no hemos recibido ninguna notificación oficial por parte de la “CCJ”, dijo Castillo, sin mencionar lo ocurrido en Managua.

Aunque el  magistrado Presidente de CCJ, le dio 10 días para que la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, presentara su posición en  la querella, Castillo dijo que el gobierno tico no va a tener ningún accionar en ese proceso, “porque  Costa Rica no está sujeta a la autoridad de la CCJ, y que nunca se ha ratificado ningún convenio para  forma parte”.

Recalcó Castillo que, con mucha más razón, no le va prestar atención lo que diga la Corte Centroamericana, “porque se está prestando al juego político de Nicaragua, y se ha sumado a la campaña de difamación que Nicaragua ha emprendido  todo por la construcción de esta carretera”.

Está notificada, dice CCJ
El magistrado presidente de la Corte Centroamericana de Justicia, CCJ, Francisco Darío Lobo, dijo a END que la cédula de notificación que envió ayer a la Embajada de Costa Rica en Managua, por la demanda interpuesta por dos organizaciones ambientales nicaragüenses tras la construcción de la carretera paralela al Río San Juan, “ya es un hecho público”.

Esto, según Darío Lobo, quiere decir que independientemente de que el gobierno de Costa Rica no responda a los señalamientos contenidos en dicha acusación, tendrá que reconocer una sentencia de la CCJ, puesto que este país vecino forma parte del Protocolo de Tegucigalpa desde 1996.

La CCJ ordenó a su secretario, Wernes  Isaac Vargas, que notificara de la demanda al Estado costarricense por medio de su embajada en Managua, para que se hiciese del conocimiento de la Procuradora General de la República de Costa Rica, Ana Lorena Brenes, sobre la acusación por daños ambientales interpuesta por la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Sostenible, Fundenic, y el Foro Nacional de Reciclaje, Fonare.

Wernes Vargas preguntó por el encargado de negocios de la embajada tica, y en la entrada del edificio le dijeron que el funcionario no se encontraba. Vargas quiso dejar la notificación con las secretarias del encargado de negocios, y estas se negaron a recibir el documento. El funcionario apegado a los reglamente del tribunal centroamericano, leyó en presencia de testigos la demanda interpuesta y pegó la notificación en el portón principal.

“De manera que ese acto de la notificación ya está realizado, le den, envíen o no envíen ese documento allá a las autoridades (gobierno). La cuestión es que ya es un hecho público. Toda Centroamérica sabe de que existe la demanda y de que ya fue notificada”, señaló Darío Lobo.

Costa Rica no puede objetar
Darío Lobo señaló que Costa Rica es parte del Protocolo de Reformas a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos, ratificado en Tegucigalpa desde el 26 de marzo de 1996, el cual  también forma parte de la secretaría general del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, del que Costa Rica es parte.

“De manera que Costa Rica no puede objetar desconocer ese tratado que adopta tres disposiciones: creación de la Corte, CCJ, protección del medio ambiente, y sometimiento obligatorio de la Corte. Este Protocolo de Tegucigalpa está vigente en toda Centroamérica, todos los estados los ratificaron, incluso Costa Rica”, afirmó el magistrado Lobo.

Consultado sobre la posibilidad de que el gobierno costarricense no acate una sentencia de la CCJ a favor de Nicaragua, Darío Lobo señaló que a la CCJ ya no le correspondería actuar, sino que a la reunión de presidentes centroamericanos, quienes en representación de sus respectivos estados tienen que tomar las medida de tipo diplomática, económica o financiera para ejecutar el fallo de la Corte.

Edgar Araya, de Unovida, comentó a END, que se estableció dos puntos que se deben tomar en cuenta en la disputa que existe entre estos dos países.

Como primer punto, destacó que es muy importante tomar en cuenta que la madre naturaleza no tiene fronteras, que no solamente es de los nicaragüenses, sino que también nos compete a los ticos, por lo tanto hacemos un llamado para que sea protegido integralmente el Río San Juan, dijo Araya.

El ambientalista tico lamenta el nivel de  impacto ambiental que está sufriendo el Río San Juan, por razones políticas, de lo que sí estamos seguros es que esta carretera se está realizando sin el debido estudio de impacto ambiental que se debe hacer, como en cualquier país donde se realice una obra de esta clase. Hacemos un llamado a los ambientalistas colegas de Nicaragua y de aquí, de Costa Rica, para que nos hagamos escuchar, sea quien sea el que esté causando el daño. La misión es detener todo lo que dé paso a un impacto ambiental irreversible.

El gobierno de Costa Rica ha dicho que están amparados por el Decreto de Emergencia, y nosotros no creemos en ese decreto. Ese decreto no es suficiente, hay dudas sobre la legalidad de esa carretera. Estos gobiernos han actuado a espaldas del pueblo y de a quienes compete el cuido del ambiente, finalizó el ambientalista tico Edgar Araya, de Unovida.