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2011 cierra con un 50% más de denuncias de violaciones a los derechos de las personas con discapacidad. Es solo una muestra de un flagelo que padece este sector, y que, como generalmente ocurre en el seno familiar o en instituciones que los menosprecian, antes no se ventilaba porque nadie se atrevía a denunciar, reconocieron miembros directivos de la Asociación de Personas con Discapacidad Física Motora, Adifim, y de la Procuraduría Especial de las Personas con Discapacidad.

El caso de la señora Ana Julia Vado, líder de Adifim en Rivas, fue puesto como ejemplo. Portar una camiseta de un partido político le costó una brutal golpiza, la cual su agresor selló exhibiéndola desnuda, en un estadio donde había concentradas unas 300 personas.

Por su discapacidad físico motora poco pudo hacer por defenderse, y quienes, a su orilla, sí podían intervenir, optaron por quedarse como observadores. Según expuso, autoridades policiales a las que recurrieron, les explicaron que si el hombre la hubiera violado tendrían posibilidades de apoyarlas, pero como no fue así “no podían hacer nada”.  

Por casos como estos, Salgado declara que se sienten desprotegidos porque las instituciones que se supone deben apoyarlas resulta que no lo están haciendo. “Ellos nos ven como problemas porque estamos exigiendo el respeto de nuestros derechos. Antes esto pasaba y nadie le ponía mente, y hoy como estamos poniendo el dedo en la llaga nos ven como opositores”, señaló.

La procuradora Especial de las Personas con Discapacidad, Rosa Salgado, dijo que es en la falta de oportunidades laborales y en el acceso al transporte donde se concentran la mayoría de las denuncias que este año conoció la Procuraduría Especial.

Manifestó preocupación porque apenas el 0.09% de las personas con discapacidad están integradas a la fuerza laboral del país, aunque reconoció que existen casos de violencia intrafamiliar.

Como producto del trabajo de concienciación de los promotores de derechos humanos, este año la Procuraduría Especial reporta 155 denuncias de violaciones a los derechos del sector, en 2010 apenas fueron 75.

Las instituciones más denunciadas por el sector con discapacidad son: Policía Nacional, Ministerio de Salud, Instituto de Seguridad Social, Ministerio de Educación, Poder Judicial y Ejército de Nicaragua.