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La demanda que presentó hoy Nicaragua contra Costa Rica en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por la construcción de una carretera junto a la frontera, representa un nuevo capítulo en una larga historia de conflictos limítrofes entre ambos países.

Managua acusa a San José de causar graves daños ambientales al fronterizo río San Juan, de soberanía nicaragüense, con la construcción de una carretera de 120 kilómetros paralela al margen sur del río, en territorio costarricense.

La quejas del Gobierno del presidente Daniel Ortega por esta carretera comenzaron en noviembre, con el apoyo de organizaciones de defensa del medioambiente de su país, que también demandaron a Costa Rica ante la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), entidad no reconocida por San José.

Ortega acusó el 25 de noviembre pasado a Costa Rica de "cometer un crimen contra la naturaleza" por construir la carretera junto al río San Juan y anunció que lo iba a denunciar ante la CIJ, cosa que, según respondió el canciller costarricense, Enrique Castillo, no le preocupaba a su gobierno.

San José consideró la queja como una nueva "cortina de humo" de Ortega para desviar la atención sobre las críticas a las elecciones del 6 de noviembre, en las que resultó reelegido por amplia ventaja, pero en medio de denuncias de fraude de la oposición.

El 29 de noviembre, el Gobierno de Ortega envió una nota de protesta al de Costa Rica por la construcción de la carretera y le pidió detener la obra hasta que se valorase su impacto medioambiental.

Ese mismo día San José respondió con otra nota diplomática a Managua en la que le solicitaba presentar "información científica objetiva y seria" sobre el supuesto daño al medio ambiente.

Nicaragua también pidió a la Convención Internacional sobre Humedales (Ramsar) enviar una misión para verificar la "destrucción" que según sus palabras ocasionan las obras en la zona.

El 6 de diciembre, dos organizaciones de Nicaragua demandaron a Costa Rica ante la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), con sede en Managua, acusándola de cometer delitos contra el medio ambiente con la construcción de la carretera.

La Sala Constitucional de Costa Rica acogió el 15 de diciembre, para su estudio, un recurso de amparo presentado por la Fundación para el Progreso de las Personas Ciegas y la Fundación Mundial Déjame Vivir en Paz, ambas costarricenses, en contra de la carretera que se construye al margen sur del río San Juan.

Un día después, la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, criticó a esas dos organizaciones y las acusó de ser "tan poco solidarias que no quieran el bienestar de los menos favorecidos".

La CCJ admitió el lunes pasado la demanda interpuesta por las organizaciones de defensa del medioambiente nicaragüenses contra Costa Rica por la construcción de la carretera.

Costa Rica ha defendido siempre su derecho a construir obras en su territorio, ha asegurado que no se están generando daños al río San Juan y esta misma semana rechazó siquiera conocer la demanda presentada ante la Corte Centroamericana, de la que no forma parte.

La Cancillería costarricense envió el pasado martes una nota oficial a su contraparte nicaragüense solicitándole "pruebas técnicas" sobre las acusaciones de daños ambientales.

Nicaragua ha pedido a Costa Rica que le presente un estudio de impacto medioambiental que avale la construcción de la vía, a lo que San José ha respondido que Managua nunca presentó un informe de ese tipo cuando decidió realizar obras junto a la frontera o en el mismo río.

La demanda de hoy es la segunda que mantienen ambos países en la CIJ, pues el año pasado Costa Rica acusó a Nicaragua de invadir su territorio y causar daños a un humedal fronterizo con el dragado que lleva a cabo cerca de la desembocadura del San Juan en el Caribe.

San José asegura que construye la carretera para impulsar el desarrollo de los habitantes de la frontera y para garantizarles la posibilidad de tránsito sin tener que utilizar el río y así evitar roces con Nicaragua.

Costa Rica, que no tiene ejército, ha reconocido que la vía se utilizará también para facilitar el movimiento policial y reforzar la vigilancia en la frontera.

La CIJ ya dirimió en 2007 otra disputa entre ambos países relativa a la soberanía y derechos de navegación sobre el San Juan.