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Hasta las siete de la noche de ayer se vivían momentos de tensión en el Centro de Insumos para la Salud, CIPS, luego de que varias personas irrumpieran en el lugar para desalojar a los trabajadores que protestan allí por la renovación de sus contratos y en defensa de cuatro compañeros que están siendo procesados.

Los trabajadores que protestan desde hace dos meses denunciaron que el interventor del Ministerio del Trabajo, Ricardo Pineda, llegó a eso de las 5:30 de la tarde con dos camionetas llenas de “pandilleros” que rompieron el candado del portón de entrada.

En el forcejeo, según señalaron, la trabajadora Eva Zavala resultó intoxicada con cloro en polvo, por lo que tuvo que ser trasladada a un centro asistencial; mientras que Gema Cárcamo y María Zavala recibieron varios golpes en el cuerpo.

Indignados, los trabajadores increpaban al interventor del Mitrab para que les demostrara las razones que impiden la renovación de los contratos, a la vez que lo acusaban a él y a otros administrativos de querer reemplazarlos por familiares.

Charlie Ramírez, del área de distribución, le exigió a Pineda las razones de la no renovación de su contrato, a lo que el funcionario respondió que su superior, Ivón López, la calificó de deficiente.

Sin embargo, Ramírez mostró su hoja de evaluación firmada por López, donde esta califica aspectos como la responsabilidad y la calidad de su trabajo como “bueno” o “excelente”.

En tanto, afuera había resguardo policial y se mantenían las personas que --de acuerdo con la versión de los trabajadores-- eran “pandilleros” y que incluso andaban bajo los efectos del alcohol.

Según los trabajadores, en el CIPS dependencia que guarda y distribuye todas las medicinas de los centros de salud y hospitales del país, se han dado malos manejos. Afirman que hay mala coordinación sobre la salida de medicamentos. Además, reclamaron por el despido “injusto” de ocho trabajadores y las amenazas de despido a otros cuatro.

Al lugar se presentó la diputada sandinista y miembro de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, Iris Montenegro, quien dijo que avisó a la ministra Sonia Castro para que acudiera a interceder en el conflicto.

Montenegro manifestó que los 27 trabajadores que protestan fueron contratados porque hay una demanda de personal ante el aumento de los insumos del centro, y que por el momento no se puede dar por un hecho que no serán recontratados, pues ello depende del presupuesto de la institución para el próximo año.