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Las autoridades de la Estación Uno de la Policía Nacional investigan una denuncia de estelionato sobre un lote en Planes de Altamira, y para ello están citando a declarar a varios ciudadanos, entre los que destaca Leonardo José Rosales Frixione, hijo del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, Francisco Rosales Argüello.

En la denuncia se asegura que Rosales, quien labora como secretario en el Complejo Judicial de Nejapa, llegó a la Dirección General de Ingresos, DGI, el pasado 17 de marzo, y “exigió” que se extendiera un avaluó catastral a favor de Laura Campos Ortiz, una de las denunciadas.

Rosales, según consta en la denuncia, se dirigió al entonces director de Ingresos, Walter Porras, quien dio la orden de entregar el avaluó catastral a favor de Campos, según la denunciante, Yelba Paguaga de Nútuler, quien asegura ser la verdadera dueña del terreno.

La gestión del hijo del magistrado Rosales le habría facilitado a Laura Campos obtener avalúo y certificado catastral, y la inscripción de la propiedad, en tiempo récord de 11 días hábiles, de acuerdo con el testimonio de la denunciante.

Para cualquier ciudadano “sin influencia”, lograr la inscripción de una propiedad, incluyendo el tiempo que lleva obtener el avalúo y el certificado catastral, le lleva varias semanas y hasta meses.

Habla hijo de Rosales
Leonardo Rosales aseguró vía telefónica que él está siendo involucrado en la denuncia por estelionato por razones “políticas”.
“Parte de esto es político, porque mi papá --Francisco Rosales-- es una figura pública, porque hay quienes lo utilizan a uno y luego lo tiran de cabeza”, expresó Rosales vía telefónica.

El secretario judicial reconoció, sin embargo haber gestionado ante el exdirector de Ingresos, Walter Porras, el avalúo catastral a favor de Laura Campos, una de las denunciadas.

“Yo andaba haciendo una gestión personal en la DGI, y por causalidad me encontré con el licenciado Walter Porras, y le hice mención del favor que me pidieron; entonces él revisó el caso, y como todo estaba legal ordenó que se entregara el avalúo”, explicó Rosales.

Al preguntarle si se presentó a la cita policial, Leonardo Rosales dijo que no había ningún citatorio, pero que igualmente se enteró de la denuncia “por una casualidad, pero como a mí no me acusan, yo no le puse importancia”, agregó el funcionario judicial.

En efecto, la denuncia va enderezada contra Laura Campos Ortiz, Maguill Acevedo, y los abogados José Castrillo Abdalah y Joel Zapata Rojas, quienes hicieron las escrituras de compra y venta, según la denunciante Yelba Paguaga de Nútuler.
 
Vendida dos veces
Paguaga intentó recuperar su terreno ubicado en Planes de Altamira, el pasado 28 de marzo, promoviendo un secuestro judicial en el Juzgado Primero de Distrito de Ejecución y Embargo de la capital.

Pero no pudo porque la propiedad ya había sido vendida por segunda ocasión, esta vez a la médico Maguill Acevedo Bravo, según la denunciante.

En la escritura pública 172, de compra y venta, realizada en Managua el 11 de agosto de 1991, por el abogado Castrillo, aparece la denunciante vendiendo a Campos el lote en 20 mil córdobas, pero en esa fecha Paguaga estaba en Estados Unidos, según el registro del movimiento migratorio.

Informe a la Policía
Por su parte, la Registradora de la Propiedad, Inmueble y Mercantil de Managua, Maritza Halleslevens, remitió un extenso informe a las autoridades policiales detallando la manera en que fue inscrita dos veces la propiedad reclamada por Paguaga.

En el informe se indica que el lote de 1,052.99 varas cuadradas, ubicado en Planes de Altamira, fue comprado por Paguaga a la Sociedad Bienes y Raíces S.A., en 63 mil 169 córdobas con 40 centavos, el 5 de septiembre de 1972.

Después la propiedad fue inscrita en el Registro de la Propiedad a nombre de Laura Campos Ortiz, donde según la escritura 172 hecha por el notario José César Castrillo, la denunciante vende el referido lote a Campos en 20 mil córdobas.

El terreno fue inscrito en el Registro de la Propiedad a nombre de Campos el 21 de marzo del 2011, en el asiento número 473420, página 62, tomo 426, bajo el número, 415, tomo 3010, folio 280, asiento segundo.

Posteriormente, el pasado 4 de abril el abogado Joel Rojas inscribió en Registro de la Propiedad la escritura pública  número 55 del 22 de marzo del 2011, donde Campos aparece vendiendo el mismo terreno en 500 mil córdobas a Acevedo, según el informe remitido a la Policía.

La Registradora de la Propiedad, Maritza Halleslevens, aclara en su informe que ninguna escritura de traspaso de una propiedad es registrada, si no va acompañada con los originales del certificado catastral, avalúo catastral y la solvencia municipal.