•  |
  •  |

Por segundo diciembre consecutivo, en el Tribunal de Apelaciones de Granada se emite un polémico fallo, esta vez rebajándole la pena a dos narcos, y estableciéndose que la Procuraduría General de la República, PGR, “no pude intervenir como víctima en los juicios de narcotráfico”.

La sentencia recurrida de casación por el Ministerio Público y la PGR, favorece a Elvis Balladares Díaz y a Luz Marina Jarquín, quienes se declararon culpables del delito de tráfico interno de estupefacientes.

En el polémico fallo, los magistrados de Apelaciones de Granada rebajan la pena de cinco años y medio de prisión que un juez impuso a Díaz y a Jarquín, por cuatro años y tres meses.

Para el Procurador Penal de la República, César Guevara, lo más grave de la sentencia es que en la misma se establece que la PGR no puede actuar como víctima en los juicios de narcoactividad.

“Esta sentencia del Tribunal de Apelaciones de Granada podría convertirse en la llave para que en los juicios de esta naturaleza se excluya al Estado como víctima”, señaló Guevara.

El Procurador Penal recordó que en diciembre del año pasado, los magistrados que en ese entonces estaban en  el Tribunal de Granada, ordenaron la libertad de varios narcotraficantes, resolución que les costó su cargo.

Magistrados responden
Los magistrados del Tribunal de Apelaciones de Granada, en una carta dirigida a la Dirección de EL NUEVO DIARIO, defienden la resolución donde rebajan la pena a la pareja de narcotraficantes.

Los magistrados Francisco Roberto Rodríguez, Telma Vanegas Álvarez y Carlos Alberto Padilla, reiteran en su criterio de que la PGR no debe intervenir como víctima en los juicios de narcoactividad, crimen organizado y lavado de dinero.

Al referirse a la rebaja de la pena, los integrantes del tribunal de segunda instancia manifiestan que reformar, confirmar o anular una sentencia  recurrida de apelación está entre sus facultades.

Según los magistrados del Tribunal de Granada, la Ley 411 establece que la PGR solo puede intervenir en los juicios, en representación del Estado, cuado se comenten delitos o faltas que lesionen el patrimonio estatal dentro o fuera del país.