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Video de Óscar Sánchez

El Concejo Municipal de Managua, luego de concluir una reunión a puerta cerrada con representantes de las federaciones de taxis de la capital, informó que elevará una solicitud al Ejecutivo para la destitución de Francisco Alvarado, Director del Instituto Regulador del Transporte del Municipio de Managua, Irtramma.

Asimismo, ambas partes acordaron que se le solicitarán a Alvarado un informe definitivo de la cantidad de concesiones de taxis vigentes y suspendidas, con el propósito de conocer y de corroborar la verdadera cifra de placas dadas en concesión en los últimos 6 años, solicitud a la cual el funcionario público se ha negado reiteradamente.

También se acordó la suspensión de la entrega de los vehículos Lada Kalina hasta nueva orden, para hacer una revisión y así sean distribuidos equitativamente.

Conforman Comisión Especial

La solicitud de la destitución cobró fuerza ayer durante la sesión extraordinaria del Concejo Municipal, que se llevó a cabo en horas de la tarde, en la que los representantes del transporte selectivo también solicitaron la activación del Consejo Directivo de Irtramma, pero en su lugar, el Concejo Municipal propuso la integración de una Comisión Especial para atender exclusivamente el caso del transporte selectivo.

Con una votación de 11 votos a favor y 7 en contra, quedó aprobada y conformada la Comisión Especial por los concejales Ismael Cardoze, América Vidaurre, Tere Lugo, Daysi Torres, Enrique Armas y José Luis Ochoa.

Esta Comisión, dijo la Alcaldesa de Managua, Daisy Torres, “fue creada para atenderlos cuando quieran”, aseguró. Y dicho esto, acordó con los señores taxistas una reunión al terminar la sesión ayer mismo en su despacho para darle solución al tema de la destitución y abordar otros puntos.

Quejas por mala administración

Durante la sesión, Julio Úbeda, uno de los doce representantes que fue seleccionado para intervenir, aseguró quejoso que ninguno de los presentes –refiriéndose al Concejo Municipal y a los concejales-, “va a destituir a Alvarado si la orden no viene de la Presidencia”.

Seguido, el afectado le propuso a Alvarado que vaya a taxear ocho horas continuas para que sienta cómo le quedan los riñones, y que luego lo multen por 500 córdobas.

Por su parte, William León, de la Federación Nacional de Transportistas Revolucionarios, Fenatrar, exigió a todo pulmón que les quitaran de encima a quien ellos tildan de verdugo, “pues está actuando como si fuera el dueño del Irtramma” y lo acusó de paso por la mala distribución de los vehículos Lada destinados a los taxistas.

“Si hoy (ayer) no lo destituyen, iremos el 10 de enero a la imposición de la banda presidencial del Comandante (Daniel Ortega) a protestar”, aseguró.

Otra de las quejas presentadas es que los taxistas están siendo afectados por las mototaxis o los conocidos ‘Rapiditos’, que circulan por el casco urbano, violentando la Ley. Ante esto, Juan Carlos Sosa, empresario taxista, pidió que se modere esta situación, y en esto coincidió Gerardo Matus, Presidente del Movimiento Unido de Transportistas Nicaragüenses, Mutranic, quien está consciente de que quienes manejan esos medios de transporte tienen derecho a trabajar para comer, pero con su debida regulación.

Los más de doce mil taxistas aglutinados en 50 cooperativas también están  inconformes por los pagos excesivos de las concesiones, las multas y el nulo control de los taxis ‘piratas’, porque según alegaron, “ellos andan mejor que nosotros, haciendo competencia desleal”.

Proponen acusarlo por la vía civil

Leonel Teller, concejal del opositor Partido Liberal Constitucionalista, PLC, mostró evidencias de multas que oscilan entre 1,000 córdobas, 3,000 córdobas, y una que ascendió hasta los 6,135 córdobas.

Asimismo hizo referencia al caso de un ciudadano, quien con todos sus papeles en orden y saldado lo que la ley contempla para una concesión, esta le fue negada. “El que viola la ley comete delito y el adjetivo calificativo en castellano es delincuente”, sentenció.

Teller finalmente propuso a los empresarios del volante introducir una acusación por la vía civil por daños y perjuicios en contra del director del Irtramma.