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El pasado jueves ingresaron al país otras 70 unidades de buses Dina, de manufactura mexicana, que se sumarán al total de 350 que contempla el contrato concesionario entre México y Nicaragua, que busca mejorar la calidad y renovar la flota del transporte colectivo de Managua.  Hasta ahora, la capital cuenta con 246 unidades nuevas de esta marca, quedando pendiente la llegada de 104 autobuses más.

Pero dado que el director del Instituto Regulador del Transporte en el Municipio de Managua, Irtramma, Francisco Alvarado, está temporalmente suspendido por acusaciones de corrupción y múltiples señalamiento en su contra, podría ser la Junta Directiva de esa entidad municipal la que asuma la  distribución de nuevas estas unidades.

EL NUEVO DIARIO intentó indagar al respecto con la alcaldesa de Managua, Daysi Torres, pero al responder su celular y hacerle la pregunta, cortó la llamada telefónica. Enseguida se le volvió a marcar y ya no hubo contestación alguna.

Para Leonel Orozco, de la Cooperativa Independiente 12 de Octubre, Managua o el Irtrarmma no puede detenerse porque un funcionario fue cambiado o removido, “pues a diario se transportan 1 millón 200 mil usuarios en la capital entre buses y taxis”.

El Presidente de la República, Daniel Ortega, dijo públicamente que toda la flota de los buses de Managua iba a ser renovada en base a las propuestas de las cooperativas, como un compromiso que adquirió el Ejecutivo para cumplirse hasta 15 de diciembre como meta, pero “lamentablemente por efecto de cálculos no se pudo hacer, pero ahora existe otro compromiso interno y a más tardar el 20 de febrero, las 856 unidades (que componen la flota capitalina) ya estarán en Nicaragua para el Transporte Urbano Colectivo de Managua”, indicó Orozco.

Para cumplir con el mandato presidencial, los empresarios que representan a las 29 cooperativas que cubren 35 rutas en toda la capital deben entregar su flota de buses viejos al recibir los nuevos, de manera que al hacer el cambio, deben empezar a pagar 430 dólares por las unidades marca DINA y 310 dólares por los rusos, a un plazo de 8 años.

Orozco tiene en su cooperativa 17 unidades, de las cuales únicamente 13 tienen concesión para laborar legalmente, el resto queda en el parqueo para su debido mantenimiento y de reserva, “pues estoy muy claro que sin concesión no puede salir ni una más ni una menos” y esto se debe seguir aplicando con la nueva flota, señaló.

En esta línea y según sentenció Orozco, el reglamento de la Ley General de Transporte Terrestre divulgado en 2005, planteó que debía elaborarse un plan nacional de transporte y eso no ha pasado.

“Entonces se viene trabajando de manera empírica, por eso ahora hasta vemos caponeras circulando, que según el informe que presentó Alvarado (el suspendido director de Irtramma), hay 164 autorizadas, pero la junta directiva de esta institución siquiera ha sesionado, entonces nos preguntamos quién las legalizó y bajo qué principios”, refirió.

En relación a esta temática, EL NUEVO DIARIO quiso de igual manera conocer la versión del Presidente de la Unión Regional de Cooperativas del Transporte Colectivo, Urecotraco, señor Danilo Sánchez, sin embargo, este no fue localizado en sus oficinas ubicadas en la terminal del Mercadito de San Judas, y tampoco respondió las llamadas realizadas a sus dos teléfonos móviles.