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El conflicto por 17 manzanas de tierra en Carretera a Masaya, en el que están envueltos la Procuraduría General de la República, el grupo empresarial Panica S.A. y los herederos de Mercedes Arévalo Román y Reyes, ha puesto en evidencia el grave problema de la seguridad jurídica de la propiedad en Nicaragua y las múltiples irregularidades en el proceso de inscripción y compra-venta de terrenos afectados durante la década de los años 80.

 

Hasta la fecha el Estado guarda silencio sobre la litis que envuelve a este terreno de 17 manzanas que podría llegar a valer hasta 25 millones de dólares. En cambio, tanto Panica como los herederos de Arévalo Román presentan por separado los documentos que los certifican como propietarios del lote.

La batalla jurídica actual tiene como escenario la Sala Civil del Tribunal de Apelaciones de Managua y el Ministerio Público, donde los representantes del grupo Panica S.A. y la familia Arévalo promueven distintas acciones legales. En el caso del grupo Panica se trata de un recurso de amparo contra la Procuraduría General de la República.

Mientras, en la Fiscalía, los herederos de Mercedes Arévalo Román tienen una denuncia contra los representantes de Panica S.A. y Kathib.

“Lo que quieren mis representados – herederos de doña Mercedes Arévalo- es  que el Estado no pague tierras, con las que quieren quedarse particulares”, explicó el abogado Boanerges Ojeda, representante de los sobrinosnietos de Mercedes Arévalo, ya fallecida, refiriéndose a los empresarios asociados en Panica S.A. y Kathib.

Según Ojeda, en medio del litigio salió a relucir que los asientos registrales 14, 15, 16 y 17 de la referida propiedad fueron reinscritos a nombre del Estado a solicitud de una urbanizadora privada y no por la Procuraduría.

Ojeda sostuvo que en 1950, Mercedes Arévalo Román compró cinco propiedades y que al fusionarse totalizaron 228 manzanas de tierra. Luego las desmembró, vendiéndoselas a las urbanizadoras que construyeron en Residencial Las Colinas y la Colonia Centroamérica.

En 1970, agregó el abogado, Arévalo Román le vendió 30 manzanas a Financiera Nicaragüense de Inversiones, propiedad de la familia Somoza, y en noviembre de ese año compró 97 manzanas con 146 varas al entonces Distrito Nacional, ahora Alcaldía de Managua.

Las tierras vendidas a Somoza posteriormente fueron confiscadas conforme el Decreto 3, emitido por la Junta de Gobierno en 1979. Ojeda afirmó que las propiedades de la familia Arévalo no fueron objeto de confiscación y que actualmente poseen 97 manzanas, 17 de las cuales son las que ahora se encuentran en disputa.

Confusión alrededor de escritura clave
Panica S.A. está conformada por Juan Bautista Sacasa, Presidente del BDF, los directivos de OCAL: Carlos Reynaldo y César Augusto Lacayo; el exembajador de Nicaragua en Estados Unidos, Ernesto Palazio, y el ministro de Turismo, Mario Salinas.

Esta Sociedad Anónima asegura que es propietaria de las 17 manzanas que están en disputa. Se basan en las escrituras de compraventa 37 y 38 hechas ante los oficios notariales de la abogada Floramina Valle Gutiérrez en 1992.

La notario Floramina Valle Gutiérrez, quien hizo la escritura donde comparece el ciudadano panameño Mayer Yohoros vendiendo la finca Argentina a su compatriota Alberto Blackall Morales, reaccionó sorprendida tras conocer de la intervención de la Procuraduría en el caso.

Panica presentó como prueba de que compró el terreno en litigio la referida escritura, sin embargo, el control de notarios del año 1992 indicó que la escritura 37 fue reportada como suspendida por Valle.

El representante legal de Panica, Sergio Corrales, aseguró que no conoce de la anulación de la escritura y que en todo caso las partes debieron haber sido informadas.

Por su parte, Valle afirmó en una breve entrevista telefónica, que no recuerda por qué en su reporte anual a la Corte Suprema de Justicia, la escritura 37 se reportó anulada.

“Yo hice la escritura, la escritura 37, pero en este momento no me acuerdo porqué la reporté como suspendida. Tendría que revisar el  índice de mi protocolo”, agregó  Valle.

¿Suplantación de personas?
Panica S.A. también tiene en su poder la escritura de compra venta número 38 hecha anta los oficios notariales de Floramina Valle, el ocho de septiembre de 1992, sin embargo, el registro migratorio de esa época no reporta la estancia de Alberto Blackall Morales en Nicaragua.

“A mi oficina llegó Lesbia Hidalgo Valdivia, corredora de bienes raíces, y me presentó a dos personas diciéndome que esos eran los señores Yohoros y Blackall, pero es probable que me hayan hecho una suplantación de personas”, justificó Valle.

La abogada y notario pública recordó que “en ese entonces – 1992-  no era exigida la presentación de la cédula de identidad”.

Valle reveló que años después se encontró a Alberto Blackall en una de las maltrechas calles del Mercado Oriental y que cuando ella le preguntó qué hacía en ese bullicioso centro de compras, éste le respondió que andaba cobrándole a algunos clientes.

Panica: compramos confiados
“Nosotros no le compramos a este señor (Alberto Blackall). Nuestro cliente compró al señor Yohoros. Lo que nuestro cliente hizo fue confiar en la información que consta en el registro y ese es tal vez el tema principal. Nuestro cliente confió de buena fe que la información en el registro es legítima”, expresó el representante legal de Panica, Sergio Corrales.

El Código Civil de Nicaragua establece que los segundos, terceros y cuartos compradores están protegidos por la ley siempre y cuando demuestren que no están involucrados en las irregularidades durante la transacción e inscripción de la propiedad en el Registro Público.

Según Corrales, Panica compró esa propiedad en 1994. Debido a este ligitio, han tratado de contactar a Carlos Sotelo Dávila, quien le vendió la propiedad a Blackall, pero ha sido imposible.

 

¿Qué pasó con Carlos Sotelo Dávila?

De acuerdo con el padrón electoral, en Nicaragua existen tres personas con ese nombre. El primero habría nacido en 1928, por lo que tendría 60 años en 1988, cuando supuestamente recibió el Título de Reforma Agraria, que le otorgaba más de 40 manzanas, entre las cuales están las 17 manzanas en disputa. Los otros dos ciudadanos con el mismo nombre nacieron en 1990 y 1992, es decir, años después de la entrega de las tierras en 1988.

Carlos Sotelo Dávila que se supone fue beneficiado con el título de Reforma Agraria  y quien habría vendido después la propiedad a particulares, tiene señalado como lugar de domicilio el barrio “Sol de Libertad”,  de la iglesia evangélica una cuadra y media al este.

Un equipo de EL NUEVO DIARIO se trasladó al barrio marginal ubicado en el Distrito Siete de la capital, constando que en el vecindario existen cuatro templos evangélicos.

De las iglesias “Príncipe de Paz” y “Juan 23”, que están en la parte sur del barrio a dos andenes de distancia hacia el este, lo que hay es un predio baldío, no existen casas y tampoco han existido, dijo Digna Pastrana, quien tiene 16 años de vivir cerca de ese sitio.

En el caso de los otros dos templos ubicados en la entrada al barrio tampoco existen casas. Porque en uno de ellos lo que está es el patio de la misma y en la otra un cauce y después la terminal de buses de la ruta 112.

Sin embargo, la abogada Floramina Valle aseguró que el Carlos Sotelo Dávila que ella conoció era un hombre originario de Sébaco y era presidente de una cooperativa que estaba en los predios de la propiedad ahora en disputa. Sin embargo, en la escritura de reforma agraria se escribió que era de oficio agricultor y que vivía en la comarca de Santo Domingo, en Managua.