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La alianza Partido Liberal Constitucionalista, PLC, gastó 21 millones 811 mil 383 córdobas en los rubros Publicidad y Propaganda, una cifra ligeramente superior a la que invirtió la alianza Partido Liberal Independiente, PLI, sin embargo, esa inversión electoral apenas le significó 148,507 votos, cinco veces menos que su contrincante, la alianza PLI.

Al hacer una lectura detallada del Informe de la Contraloría General de la República, EL NUEVO DIARIO encontró que la alianza PLI invirtió 21 millones 352 mil 247 córdobas para obtener un total de 778,889 votos.

Sin embargo, el que reporta un gasto exorbitante en publicidad y propaganda es el gobernante Frente Sandinista de Liberación, FSLN, que justificó ante la CGR gastos por un monto de 86 millones 715 mil 884 córdobas, cuatro veces la cifra que invirtió cada uno de sus oponentes en la persecución de votos.

La Contraloría General de la República autorizó el reembolso a tres partidos políticos por 341 millones 859 mil 627 córdobas en concepto de gastos de campaña electoral en el contienda de 2011, sin que quede claro qué fórmula se utiliza para la aprobación de esa suma millonaria.

Al Frente Sandinista de Liberación Nacional le corresponden 230.6 millones de córdobas; al Partido Liberal Independiente, PLI, 67.5 millones de córdobas y al Partido Liberal Constitucionalista, PLC, 43.7 millones de córdobas.

Conforme con el artículo 99 de la Ley Electoral, “el Estado destinará una asignación presupuestaria específica del uno por ciento de los ingresos ordinarios del Presupuesto General de la República correspondiente, para reembolsar exclusivamente los gastos de la campaña electoral en que hayan incurrido los partidos políticos o alianzas de partidos que hubieren participado en las elecciones para Presidente, Vicepresidente, Diputados a la Asamblea Nacional y al Parlamento Centroamericano, y que después de ella hayan conservado su personalidad jurídica”.

Pero, además, señala el mismo artículo, “dicho reembolso se otorgará a las Organizaciones Políticas que hayan obtenido al menos el cuatro por ciento de votos válidos y de acuerdo al porcentaje de los mismos, debiendo rendir cuentas en forma documentada y detallada ante la Contraloría General de la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Consejo Supremo Electoral”.

Conforme con este artículo de la Ley Electoral, y con base en el proyecto de Presupuesto General de la República, ese 1% corresponde a un monto total de 376 millones 111 mil 174 córdobas con 12 centavos; mientras que la Contraloría General de la República autorizó un reembolso total para tres partidos políticos de 341 millones 859 mil 627 córdobas.

De acuerdo con Eliseo Núñez Morales, exjefe de campaña de la alianza Partido Liberal Independiente, PLI, agrupación que obtuvo el segundo lugar en los comicios del 6 de noviembre pasado, a ellos les correspondería recibir un reembolso aproximado de tres millones 675 mil dólares, es decir, unos 83 millones 790 mil córdobas al cambio oficial actual, tomando como fórmula un costo aproximado de 4.9 dólares por voto.

No obstante, el PLI solo reportó a la Contraloría General de la República 67.5 millones de córdobas, según Núñez Morales, porque fue lo que realmente invirtió en la campaña electoral. Entre esos gastos incluyen un préstamo bancario de 2.2 millones de dólares.

Sin embargo, esa fórmula no fue compartida por la expresidenta del Consejo Supremo Electoral, CSE, Rosa Marina Zelaya, quien explicó que la distribución la realizan las instituciones involucradas, en este caso el CSE, la Contraloría y el Ministerio de Hacienda, echando mano de una fórmula de consenso.

La doctora Zelaya indicó que al partido político que haya obtenido más votos, le corresponderá un monto mayor, siempre y cuando presente la documentación que respalde el informe de gastos en que incurrió durante la campaña electoral.

El informe de autorización del reembolso lo enviará la Contraloría al CSE para su acreditación y posterior envío al Ministerio de Hacienda, el que finalmente emite el cheque a nombre de la organización política correspondiente.