•   San José, Costa Rica  |
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Muchas de las migrantes en Costa Rica viven una realidad de violencia doméstica y abusos, callan las denuncias y aguantan los golpes porque los papeles y la documentación les faltan para sentirse merecedoras de justicia, según lo dio a conocer el medio local electrónico costarricense CR-HOY.

A esto, de acuerdo con el medio,  se suma la falta de oportunidades laborales y de inserción  en el país que, según denuncia Olinda Bravo, coordinadora de la Red de Mujeres Migrantes, les hace volver con los agresores  porque no tienen cómo subsistir.

“La mayoría tienen miedo, porque el gobierno no tiene un programa para que se inserten; si interponen una denuncia no tienen adónde ir. ¿Salidas del albergue qué van a hacer en este país?”, se pregunta Bravo.

Solo el costo de la documentación, el factor de mayor contundencia a la hora de interponer o no la denuncia, ronda los US$800, afirma  Bravo.

Eugenia Salazar, coordinadora del área de condición jurídica del  Instituto Nacional de las Mujeres, Inamu, manifiesta que las leyes aplican para cualquier mujer, sin importar si es nacional o extranjera.

“Las leyes que protegen los derechos de las mujeres son de aplicación general, incluso la ley de penalización de la violencia doméstica. Cualquier mujer puede interponer una denuncia, si  se le niega la justicia tiene derecho a interponer denuncias contra el mismo sistema.” afirma Salazar.

De acuerdo con esta funcionaria el Inamu no tiene un programa dirigido específicamente a este grupo poblacional, porque no se quiere hacer una diferenciación, pero han implementado recientemente medidas de la ONU recomendadas por un comité experto.

Ante la impotencia, la Red de Mujeres Migrantes desarrolló un grupo de 15 mujeres que rescata a sus congéneres que viven en violencia, sacan a la mujer, buscan ayuda en el Inamu, le dan apoyo y contención, e incluso la repatrían a Nicaragua.

Este grupo vive en la “clandestinidad” según cuenta Bravo, ya que si los agresores supieran quiénes son, correrían mucho peligro. Así, han ayudado a cinco mujeres que están proceso de resolver su situación y la de sus hijos.

Bravo comenta que si pudiese soñar  soluciones para el problema, sería disminuir los costos de la documentación y buscar formas de insertar a las mujeres que fueron víctimas de la violencia al sistema económico.