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Por orden del Juez Décimo del Distrito Penal de Audiencias, Carlos José Solís, fueron allanadas las instalaciones de la Cooperativa de taxis “Pedro Joaquín Chamorro”, por diversas denuncias por parte de los socios, en contra de su expresidente, Alejandro César Henríquez.

Las denuncias, que habían sido interpuestas desde agosto del año pasado, incluyen hurto agravado, falsificación material, publicación y autorización de balance falso.

El encargado del caso, comisionado Alfredo López, de la Estación II de la Policía Nacional, explicó que el allanamiento obedece a la negativa de Henríquez a presentar la documentación sobre el manejo de las finanzas de la cooperativa.

El expresidente de la cooperativa fue informado del allanamiento, pero no estuvo presente en la institución, debido a que dos propiedades que posee también fueron intervenidas paralelamente por efectivos de la Estación II de la Policía Nacional.

Pero antes del allanamiento, socios activos de la cooperativa, entre ellos Gilberto Castaño y Carlos José Méndez, con 22 y 30 años de ser parte de la misma, alegaron desacuerdo con evidente frustración por la acción policial.
“Creemos que la Policía está actuando muy mal, porque todo lo que hay ahí (dentro de la cooperativa) no es de Alejandro (Hernández), es de todos los socios; sale de nuestras bolsas”, expresaron.

Placas robadas aparecen en nuevas unidades

Las consecuencias del allanamiento implican supuestos delitos, como el caso de la unidad de taxi de Lucila Guerrero, quien pertenece al grupo de los 560 socios que conforman la cooperativa.

La placa de la unidad de Guerrero, con número M05371, fue robada a finales de 2010, y apareció en julio de 2011, y aunque el automotor no ha aparecido, la placa dio señales de vida en otra unidad de taxi, cuyo dueño fue identificado como Robel Benavides, quien aseguró que Henríquez se la cedió.

Cada dos años se elige a un presidente de la cooperativa, que puede ser reelegido una sola vez, tal como Henríquez, quien fue nombrado legalmente en 2005 hasta 2007 y luego reelegido hasta 2009. A la fecha está fuera de su cargo, porque su período caducó, y porque a raíz de las denuncias interpuestas por actos de corrupción en su administración, el Instituto de Fomento Cooperativo, Infocoop, decidió destituirlo.

Los socios lo señalan de haber celebrado una “asamblea fantasma” que incluyó la falsificación de firmas para ser reelecto, lo que supuestamente fue comprobado por el Laboratorio de Criminalística de la Policía Nacional.

También se le señala de haber realizado un préstamo personal a la Financiera FAMA, por 220 mil córdobas,  para el cual puso como fiador a la cooperativa, entre otras irregularidades.