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Será hasta el próximo viernes que 20 de los 49 capturados por la Policía en la llamada “Operación Domino”, sabrán si van a juicio o no. Así lo decidió este martes la jueza Noveno Distrito Penal de Audiencia de la capital, Indiana Gallardo.

La decisión fue tomada por la judicial luego de suspender por segunda vez la audiencia inicial, tras una sesión de cinco horas ininterrumpidas.

La maratónica audiencia tuvo como antesala el rechazo a un incidente de excepción de falta de acción penal que promovió una de las defensas contra la Procuraduría General de la República, PGR.

El incidente tenía como propósito sacar del juicio a la PGR, institución que actúa como representante de la víctima, que es el Estado.

Al rechazar el incidente, la judicial señaló que la PGR, como abogado del Estado, representa a todos los nicaragüenses, y, por lo tanto, es parte en el juicio.


PGR a la carga

La  procuradora penal auxiliar, Amy García Curtis, pidió la revisión de la medida cautelar de arresto domiciliar bajo la cual están Katia María Reyes y Blanca Elena Víctor.

Reyes se recupera de una operación de cesárea, y la abogada Víctor está bajo riesgo inminente de muerte, según dictamen médico legal.

Durante su intervención, la representante de la PGR pidió el secuestro judicial o embargo preventivo de las propiedades y bienes ocupados a las procesadas y a los otros reos.

La procuradora auxiliar penal también solicitó la anotación preventiva en los registros de la Propiedad de Rivas, Granada y Managua, de las Sociedades Anónimas inscritas a nombre de los acusados.


Defensores ripostan

El abogado Ricardo Ramírez, defensor del transportista Nelson Reyes, se opuso a la solicitud de la PGR, que está pidiendo garantías reales.

“Nosotros fuimos citados para la continuación de la audiencia inicial y no para la revisión de medidas cautelares”, alegó Miranda.

Pero el Código Procesal Penal, CPP, establece como una de las finalidades de la audiencia inicial la revisión de medidas cautelares.

Miranda retó a la Fiscalía a que muestre los compartimentos especiales que deben tener los vehículos en los que Reyes, presuntamente, transportaba droga.

Por su parte, la abogada María Esperanza Peña, quien defiende a la notaria Blanca Elena Víctor, dijo que no existe relación entre la acusación y el intercambio de información y prueba.

A la abogada Víctor, la Fiscalía la señala de servir como testaferro o prestanombre en la compra de propiedades para lavar dinero proveniente de actividades del narcotráfico.

¿Cuántos bienes inmuebles están a nombre de María Elena Víctor?, preguntó Peña,  agregando que su colega está presa “por un error policial”.

La mayoría de los 16 abogados defensores coincidieron en pedir a la judicial que otorgue 10 días de plazo a la Fiscalía para que mejore su intercambio de información y pruebas, por considerar que no reúne los elementos de convicción para remitir a juicio a sus representados.

Varios abogados defensores que solicitaron el pasado viernes la remisión de sus clientes al médico forense, oftalmólogo y psiquiatra, ayer desistieron temporalmente de su petición.

Esta decisión fue tomada por la defensa de varios reos para garantizar que hoy todos ellos sean trasladados de las cárceles de la Dirección de Auxilio Judicial, DAJ, al penal de Tipitapa y a La Esperanza, en el caso de las mujeres.