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“El gobierno debe responderles a los trabajadores que demandan sus prestaciones sociales”, dijo irónicamente el extitular de la Dirección General de Ingresos, DGI, Walter Porras, quien precisamente despidió y se negó a indemnizar a los cuatro exempleados de la DGI que introdujeron una queja en contra del Estado, ante la Corte Centroamericana de Justicia, con sede en nuestro país.

Los extrabajadores de la DGI fueron despedidos en la pasada Administración del presidente Daniel Ortega (2007-2011), según ellos, injustamente. Y pese a que tienen en su poder sentencias judiciales de primera instancia a su favor, el gobierno se niega a cumplir con las mismas, irrespetando sus derechos humanos, laborales y constitucionales.

“La DGI en la actualidad tiene que responder. Todo trabajador tiene el derecho que se le presten y se le pague lo que corresponde… es posible que les paguen, es una responsabilidad de cualquier institución que sea del gobierno responder a los trabajadores en sus prestaciones sociales. No sé si hay dinero para hacerlo porque no estoy en el gobierno en la actualidad, pero sí se supone que hay unos fondos para pagar y cancelar a cualquier empleado”, exhortó Porras.

Porras recordó que en la administración de Róger Arteaga, en la DGI, se había presupuestado los fondos para pagar las prestaciones sociales de los trabajadores que habían sido despedidos, pero que no fueron utilizados para este fin, y por el contrario, el exfuncionario dejó una deuda acumulada de 67 millones 626 mil 610 córdobas con 84 centavos. En diversas ocasiones, EL NUEVO DIARIO llamó a Arteaga a su teléfono celular para conocer su versión sobre esos señalamientos por parte de Porras, pero solo tenía habilitado su buzón de voz.  


CCJ puede resolver demanda
Róger Guevara Mena, experto en derecho internacional, valoró que la CCJ tiene jurisprudencia para aceptar la queja de los exempleados de la DGI, basándose en tratados y convenios internacionales centroamericanos vigentes.

“Por supuesto que sí hay antecedentes dentro del marco de integración centroamericana, porque se ha de haber invocado la aplicación de algunos de los tratados de los cuales Nicaragua se obliga por firmas y por ratificación de la Asamblea Nacional. En otro caso, sería nada más un tratado internacional que esté vigente y haya sido aprobado por Nicaragua dentro del marco de la OIT (Organización Internacional del Trabajo)”, aseguró Guevara.  

Posición del gobierno es perjudicia
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Los demandantes son José Tomás Gómez, Norma Elena Mora, Santos Harmencia Díaz y Luisa Morales Gutiérrez, todos extrabajadores de la DGI, quienes fueron despedidos de forma injusta, no apegada a derecho, y sin que les cancelaran sus respectivas indemnizaciones, conforme el Código Laboral. Aunque las sentencias del Poder Judicial son de ineludible cumplimiento, el gobierno del presidente Ortega las ha ignorado.


“La obligatoriedad de la aplicación de una sentencia, sobre todo en materia social, son obligatorias para la empresa pública y la privada… el no hacerlo atenta contra la separación de los poderes y se vuelve a caer en la seria y grave sospecha que se tiene de Nicaragua, en cuanto a que no existen separación e independencia de los poderes, y nada que represente una democracia como la entiende el hemisferio”, indicó Guevara.

Llamamos en diversas ocasiones a la oficina del director general de la DGI, Martín Rivas Ruiz, para conocer la posición de la institución que dirige sobre la demanda de los extrabajadores ante la CCJ, pero no respondió.

Hoy se pronunciará la CCJ

Álvaro Leiva, Secretario de Asuntos Laborales de la Federación Democrática de Trabajadores del Servicio Público, Fedetrasep, dijo que espera una respuesta positiva de la CCJ, ya que recordó que fue este mismo organismo el que benefició al ahora diputado sandinista Gustavo Porras, al obligar al gobierno del expresidente Enrique Bolaños a que le pagara las prestaciones sociales correspondientes, luego que fue despedido por la Administración del expresidente Arnoldo Alemán.

Llamamos en varias ocasiones al celular del diputado Porras para conocer su experiencia en este tipo de demandas, y de paso saber cuál será la posición del partido Frente Sandinista en relación a la queja de los extrabajadores de la DGI, pero no contestó.

Por otro lado, el magistrado presidente de la CCJ, Francisco Darío Lobo, afirmó que este organismo tiene competencia y existe jurisprudencia en este tipo de demandas. Agregó que hoy se pronunciarán sobre que si las quejas reúnen los requisitos legales para ser aceptadas.