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María Teresa Blandón, Directora del programa feminista La Corriente e integrante del Movimiento Feminista de Nicaragua, expresó que les alegra que la Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres, haya sido aprobada con más de 80 votos de los legisladores, “esto habla de un buen consenso en la lucha contra la violencia de género”, expresó.

Sin embargo, denunció que no dejaron que ingresaran a las instalaciones de la Asamblea Nacional, por lo que no estuvieron presentes al momento de la aprobación de la Ley.

Avances relevantes
Blandón señaló como un avance la eliminación del recurso de mediación para los casos de violencia, la cual, según la feminista, estaba haciendo mucho daño porque “estaba obligando a las víctimas de violencia a negociar con sus agresores y estos a incumplir con el recurso de mediación”, enfatizó.

De igual forma, consideran como un logro que se haya elevado las penas para algunos delitos como la Trata de Personas.

Para las mujeres les parece importante establecer una partida del Presupuesto General de la República para la formulación e implementación de una política nacional contra la violencia.

Debilidades
Blandón señaló debilidades de la Ley recién aprobada, no se aceptó la propuesta de la Red de Mujeres contra la Violencia de crear el Consejo Nacional de lucha contra la Violencia, un mecanismo, según la experta, que existe en la mayoría de los países de América Latina, para darle “vida” a la Ley e implementar políticas consensuadas.

Por el contrario, solo se creó una comisión institucional, es decir, que solamente algunas instituciones del Estado pueden participar en la formulación, seguimiento y evaluación de la política nacional de lucha contra la violencia, la cual, según Blandón, estos decidirán en qué momento pueden participar algunas Organizaciones No Gubernamentales, sin derecho a voto.

“Nos parece un retroceso, más aún tomando en cuenta que en países como Nicaragua, son las organizaciones de mujeres las que tienen más experiencia que las instituciones del Estado en el abordaje de género”, lamentó Blandón.

“Esto reafirma una vez más la negativa del Estado de Nicaragua de promover la participación ciudadana y aprovechar las capacidades que tenemos las organizaciones de mujeres”, continuó la experta en derechos humanos.

De igual forma, Blandón tilda de “mala señal”, que la Ley no contemple la destitución de los cargos a aquellos funcionarios públicos que fueran reincidentes en casos de violencia, “no fue aceptado y nos preocupa porque no tiene porque el Estado “apañando” a funcionarios públicos que han infringido la Ley, el Estado tendría que ser el primero en dar el ejemplo”, reitera.

¿Pasos a seguir?
Blandón aseguró que seguirán con las auditorias sociales, control ciudadano, divulgación de la Ley y vigilar si las instituciones están acatando lo que dice la Ley, y algún momento, pedirán cuenta a la comisión interinstitucional.

La Ley establece un nuevo significado sobre las relaciones de género, señala Blandón, quien enfatiza que con esta Ley se establece claramente que la violencia contra las mujeres es un delito, que se debe perseguir, que no admite perdón, que no puede resolverse como hasta ahora, “las victimas perdonando a agresores”.

“Es un inicio, la Ley requiere de voluntad política para poder aplicarla, que las mujeres y hombres la conozcan, en cuanto a penas y sanciones públicas, y las mujeres para que denuncien la violencia”, finalizó Blandón.