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Don José Tomás Gómez, de 59 años, ha esperado casi cinco años para que la Dirección General de Ingresos, DGI, le pague sus prestaciones sociales, luego de ser despedido de esta institución en 2007, cuando llegó al poder la Administración “socialista, solidaria y cristiana”.

Pero, don José Tomás tendrá que seguir esperando, porque ayer los magistrados de la Corte Centroamericana de Justicia, CCJ, no se pronunciaron sobre una demanda que él interpuso junto a otros tres exempleados de la DGI.

Este exasistente tributario laboró 16 años para la DGI, y, según él, fue despedido injustamente. Al quedar en el desempleo, al igual que otros miles de nicaragüenses que fueron afectados por la “escoba” gubernamental, relata que su vida familiar, laboral y personal quedó destrozada.

“Desde el pasado 22 de noviembre de 2007 no he obtenido un trabajo formal, lo que he conseguido es trabajar en algunas asesorías a empresas que ya me conocían, pero fue duro, porque en ese momento tenía a dos de mis seis hijos cursando la Universidad; ahora sólo espero poder pensionarme”, dijo don José.

Desde entonces hasta hoy, 27 de enero de 2012, aún no le han pagado su liquidación contemplada en el Código del Trabajo y en la Ley de Servicio Público.

Walter Porras no lo quiso reenganchar

Cuatro extrabajadores despedidos de la DGI interpusieron una demanda esta semana en contra del Estado de Nicaragua ante la CCJ, por negarse a cumplir con sentencias judiciales que mandan a pagarles sus prestaciones sociales. El martes recién pasado, el magistrado presidente de ese organismo, Francisco Darío Lobo, dijo a EL NUEVO DIARIO que ayer se pronunciarían sobre los méritos legales de la queja, pero pospusieron el acto para hoy o a más tardar el próximo lunes 30 de enero.

Mientras, don José cuenta que a pesar de vivir un calvario por el reclamo de sus derechos humanos, laborales y constitucionales, no renunciará a ellos y continuará reclamando. Recordó que en diciembre de 2008, el Juzgado Primero del Trabajo de Managua dictó una sentencia a su favor, y ordenaba su reintegro a su puesto, pero dicho fallo fue apelado por el entonces director de Ingresos, Walter Porras.

Porras habría pedido eliminar la relación laboral con don José, y la judicial accedió a la petición, pero mandó a que le cancelaran sus prestaciones sociales. Al atravesar tantas dificultades familiares y personales, el afectado accedió a realizar una mediación con la DGI, de la cual fue garante la fiscal adjunta del Ministerio Público, Ana Julia Guido, la cual consistía en que la institución le cancelaría la liquidación en tres pagos.  

DGI no cumplió acuerdo de pago
Recibió el primer pago en octubre de 2010 y todo parecía arreglarse y llegar a su fin, pero la DGI incumplió con el resto del dinero. “No me pagaron, y eso que renuncié a que en mi liquidación me incluyeran mis vacaciones y mi aguinaldo para que ya terminara este proceso, pero ya ves, no me han pagado”, lamentó. El Estado deberá pagarle medio millón de córdobas si logra una sentencia favorable en la CCJ.

Llamamos a Ana Julia Guido para conocer su versión sobre la mediación que realizó en el caso de don José, y por qué la Fiscalía no ha sido enérgica en hacer respetar los derechos de los extrabajadores, pero no contestó su teléfono celular.

También llamamos en diversas ocasiones a la oficina del director general de la DGI, Martín Rivas Ruiz, para conocer la posición de la institución que dirige sobre la demanda de los extrabajadores ante la CCJ, pero no respondió. Tampoco lo hizo el asesor económico de la Presidencia, Bayardo Arce.