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Un rosario de anomalías y de denuncias en las pasadas elecciones nacionales, recoge la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos, OEA, en su informe final, donde destacan seis grandes debilidades y una contundente radiografía que encuentra origen “en las deficiencias de las normas electorales”, afinan.

El documento final, con fecha del 23 de enero, es el resultado de “lo visto y comprobado, evitando conjeturas”, según la OEA, cuya misión estaba integrada por 65 acompañantes internacionales, y son ellos quienes ofrecen pruebas detalladas de cada punto examinado en los 15 departamentos y en las dos regiones autónomas donde estuvieron. Al frente de la misión estuvo el excanciller argentino, Dante Caputo.

“Comprobamos casos en los que organizaciones no gubernamentales que quisieron participar de la observación electoral, no fueron autorizadas, entre ellas Hagamos Democracia e IPADE”, señala la misión de la OEA, que asegura haber expresado “su preocupación ante las autoridades”, pero “esas diligencias no tuvieron éxito”.

Estado de incertidumbre e injusticias

El informe destaca la controversia jurídica pendiente alrededor del Partido Liberal Independiente, PLI, y su lista de diputados electos. “Fueron recursos de amparo presentados por tres sectores del Partido Liberal Independiente. Ninguna de estas peticiones ha sido resuelta hasta la fecha”.

Exhortan a la Corte Suprema de Justicia, CSJ, para que ponga fin al actual “estado de incertidumbre. Si existiere una resolución judicial que impidiere a un diputado electo asumir sus funciones, luego de que su candidatura fue habilitada por el Consejo Supremo Electoral, este hecho constituiría una grave alteración de la voluntad popular”, agregan.

El tercer señalamiento lo centran en las “deficiencias de gestión y confusión de los trámites y plazos, que se tradujeron en la entrega tardía de acreditaciones de las sustituciones solicitadas el día antes, para alrededor de 9,000 fiscales de la Alianza PLI”.

Explican que se concretó de manera apresurada, e incluso, la OEA debió actuar durante los días previos para asegurar la entrega. Esto se produjo, según ellos, porque la normativa electoral lo permite, pues es innecesariamente rígida y centralizada.

Comprobado juego con cédulas

“Los observadores comprobaron la existencia de dificultades para la entrega de las cédulas que habilitan a la votación”, reza el cuarto punto destacado del informe, en el cual profundizan también sobre la composición partidaria de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), como quinto elemento.

Destacan que la forma y la misma composición de las mesas, “responde a una realidad del pasado político, que no se justifica en la actualidad. La composición actual solo garantiza la presencia dominante de miembros de mesa de dos partidos políticos y genera una presencia desmejorada de las demás fuerzas políticas”.

Por esa razón, señalan que “en la práctica terminan asumiendo funciones de control, propias de los fiscales”, y esa misma situación fue lo que “dejó casi sin presencia en las JRV al Partido Liberal Independiente”. También sugieren “desvincular a las autoridades de las mesas de los partidos políticos”.

El último señalamiento se centra en los diversos hechos de violencia en el territorio, “que si bien no llegaron a propagarse, constituyen hechos graves. Esa situación resultaba muy preocupante en la medida en que, en nuestros diálogos con todos los sectores políticos, la cuestión de un probable enfrentamiento armado, fue reiteradamente señalada”.

Bloqueo a observadores

Adicionalmente, resaltan que “se impidió el ingreso al local de votación de nuestros observadores”, y uno de los resultados de dicha acción fue que “en el 20% de las mesas elegidas en nuestra muestra no pudimos presenciar su apertura. Esto constituye una alteración seria para nuestra evaluación y un incumplimiento del Acuerdo de Procedimientos”.

Situación similar denuncian en el proceso del escrutinio, ya que se impidió la observación en las áreas destinadas para este recuento y se permitió su acceso hasta que se concluyó oficialmente.

OEA, además, afina en la forma que se construye el padrón electoral, pues la “Base de Datos de Cedulación es distinta a la registrada en la Base de Datos del Registro de Electores”. Indican que la primera se actualiza cada mes conforme los cambios que solicitan los ciudadanos, pero no hubo manera de cotejar datos.

Pese a los obstáculos del terreno a nivel nacional, subrayan que “la distribución del material electoral fue correcta y logró superar los desafíos logísticos”, no obstante, la información fue totalmente cerrada cuando la información plasmada en las boletas iba de vuelta hacia los centros de cómputo.

Red obsoleta y compartimentada

Explican que en la transferencia o transmisión de los datos, había dos esquemas mediante los cuales se procesaron las actas: los centros de transmisión directa y los Centros Electorales Municipales (CEM), que empleaban cinco etapas que jamás pudieron observar, pues “solo una vez se tuvo acceso al Centro de Cómputo Nacional”, y todo fue a manera de recorrido sin verificar el funcionamiento.

De manera particular, detallan, este segundo esquema incurrió en procesos de Transmisión, Recepción y Archivo, Revisión Aritmética, Impugnaciones y Procesamiento de Datos; pues había “una red LAN conectada vía VPN (Virtual Private Network) con digitalización de actas escaneadas”, lo que funcionó principalmente para municipios grandes.

Aseguran que el sistema informático presentaba una estructura sencilla y práctica, pero obsoleta tecnológicamente. “Con la finalidad de conocer la transparencia y funcionalidad operativa, la MAE/OEA solicitó el acceso a los simulacros y a los procesos en línea de producción, sin embargo, este acceso no fue otorgado”, advierten.

Para superar esta serie de anomalías, el organismo recomienda promover una reforma del mecanismo para la acreditación de fiscales, cuidando la autonomía de los partidos. También reformar el criterio de composición de las JRV, procurando participación de ciudadanos sin consideración de su pertenencia partidaria.

“Mejorar el proceso de cedulación y la gestión en la entrega de cédulas”, es otra de las recomendaciones que OEA plantea, pero cuidando excluir la naturaleza electoral en este proceso.

La misión declara una y otra vez su “seria preocupación” por el incumplimiento de lo acordado con las autoridades electorales para ejercer una plena observación, el factor causante de que se incumplieran los objetivos trazados por la misión.