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  • EFE

La presidenta del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes del Congreso de EU, la republicana Ileana Ros-Lehtinen, arremetió hoy contra el informe de la OEA y la reacción del Departamento de Estado sobre las elecciones en Nicaragua del pasado noviembre.

La republicana consideró en un comunicado que el análisis de la OEA carece de soluciones concretas y no aborda las supuestas violaciones de derechos cometidas por el presidente nicaragüense, Daniel Ortega.

En opinión de Ros-Lehtinen, el informe del organismo supraestatal confirma que "se privó al pueblo nicaragüense de unas elecciones libres, justas y transparentes", pero que omite "la verdadera causa y la raíz del problema, que Daniel Ortega violó la Constitución nicaragüense, que prohibía su reelección".

La respuesta del Departamento de Estado sobre este informe también fue reprochado hoy por la congresista republicana: "El Departamento no parece dispuesto a sostener a Ortega como responsable y está dejando a la OEA restituir el orden democrático en Nicaragua", apuntilló.

Por ello, exige que EE.UU. pida una "cancelación inmediata" de los préstamos internacionales que se destinan directamente al Gobierno nicaragüense y enviar "un mensaje claro" a su presidente para que respete la constitución.

"Hasta ahora la OEA ha fallado al pueblo de Nicaragua, espero que los EE.UU. no lo haga", concluyó en su comunicado la presidenta del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes del Congreso.

Por su parte, el Gobierno estadounidense anunció el pasado miércoles que revisará su ayuda económica a Nicaragua y aplicará un "agresivo escrutinio" a los préstamos concedidos al país dentro de organismos multilaterales.

"Las elecciones marcaron un revés a la democracia en Nicaragua y socavaron la capacidad de los nicaragüenses de exigir responsabilidad a su Gobierno", dijo la secretaria de Estado, Hillary Clinton.

El informe de la OEA destaca que su misión de acompañamiento electoral detectó irregularidades y recabó denuncias, por lo que recomienda una reforma de la Ley Electoral del país, renovar los procesos de información electoral, sanear el padrón y modernizar los sistemas de cómputo y la logística, entre otros puntos.