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Los avances en los procesos democráticos y en derechos humanos, además de frágiles e inestables, se han revertido en los últimos años, señala el informe sobre Derechos Humanos y Conflictividad en Centroamérica 2010-2011, presentado por organizaciones que conforman el Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica.

Nicaragua está entre los países con menores índices de violencia en la región, solo superada por Costa Rica, sin embargo, se le coloca a la par o supera a otros países en el tema de descomposición de la gobernabilidad por la crisis política.

Uno de estos elementos negativos es la imposición del Poder Ejecutivo vía decretos, la falta de respeto a la institucionalidad y las irregularidades en los procesos electorales.

El doctor Mauro Ampié, Director del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, perteneciente al Equipo Regional, destacó que en los últimos períodos la democracia no ha logrado trascender, la institucionalidad ha decaído, se criminalizan las expresiones de protesta y hay represalias contra los defensores de derechos humanos.

Nicaragua incumple convenios
“Estados como Nicaragua, a pesar de haber firmado convenios internacionales, evade su cumplimiento y mayoritariamente no reconoce las resoluciones o recomendaciones de las instancias de derechos humanos internacionales”, alega el director del Cenidh.

Mencionó, además, la falta de políticas públicas que realmente reduzcan la pobreza, algo de lo cual además de Nicaragua, también adolecen sus vecinos del norte.

Marlin Sierra, Subdirectora del Cenidh, señaló que hay una creciente crisis política que ha provocado un retroceso en los procesos democráticos, creando conflictos sociales, lo que se ha agravado con la corrupción institucional, la incidencia del crimen organizado y el narcotráfico.

Armas inundan la región

En el tema de seguridad ciudadana, el informe menciona que la portación de armas de fuego sin ningún control constituye un incentivo para la violencia criminal.

Asimismo, las armas de contrabando inundan a la región, algunas provenientes de los remanentes de las guerras en Centroamérica, de Estados Unidos, de fabricantes pequeños y también las caseras, conocidas como “hechizas”. Estas van desde fusiles AK-47 y ametralladoras semiautomáticas, hasta todo tipo de revólveres y pistolas.

Según el informe, se calcula que en Guatemala hay 1 millón 600 mil armas ilegales, en El Salvador 800 mil están en manos de civiles, y más de la mitad no están registradas. En Nicaragua se indica que hay 148 armas inscritas legalmente y 81 mil tienen portación, pero se desconoce el paradero de 1 mil de estas, y 228 están reportadas como robadas en los últimos meses. En Panamá se estima que hay 130 mil armas de fuego ilegales, y se supone que la mayor parte de ellas están en manos de delincuentes y de pandillas.

Las más recientes cifras señalan que El Salvador, Guatemala y Honduras,  seguidos por Belice, tienen un grave problema, en  comparación con países con menores índices de inseguridad, como Costa Rica, con 10.6%, seguida de Nicaragua 13.2%, y Panamá, con una tasa de 21.7%, según datos a marzo de 2011.

Honduras es uno de los países con la mayor tasa de homicidios en el mundo, con 82.1%. La violencia cobra a diario 20 víctimas en esa nación. Le sigue en niveles de peligrosidad El Salvador, con 66%, y Guatemala 41.4%. Esto, según el estudio mundial 2011 de la Organización de Naciones Unidas, que consideró a 207 países.

El informe remarca que la seguridad ciudadana de la región se ve amenazada cuando los estados no cumplen con su función de brindar protección ante el crimen y la violencia social.

En los países centroamericanos, la delincuencia ha desplazado al desempleo como la principal preocupación de la población.
Entre las recomendaciones del Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de

Derechos Humanos en Centroamérica, para superar algunos de los obstáculos, están: el desarrollar un clima favorable para la protección de los derechos humanos, la superación de las causas estructurales de la pobreza, la reducción de la impunidad y de la violencia, además del respeto a la Constitución de la República.