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Karla Carcache, María Tadea Blanco y Juan Carlos Garay denunciaron en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, el violento desalojo del cual fueron víctimas por parte de agentes policiales de Chinandega, asegurando que la institución del orden público está parcializada y coludida con los inversores del complejo turístico Marina Puesta de Sol.

Según Garay, sin mostrarles ningún documento, el jefe de la Policía de Chinandega, comisionado Javier Pichardo, y el jefe policial del municipio de El Viejo, comisionado Alí Espinoza, expulsaron a su familia de las fincas El Cerro y El Arenal, de las cuales tienen posesión desde hace 60 años, según el Registro de la Propiedad.

Los denunciantes aseguraron que los agentes simplemente les dijeron que cumplía con órdenes superiores.

Esta es la segunda vez que las autoridades aplican el desalojo emitido en 2009 por la judicial Karla Madriz, el cual fue expedido a Roberto Membreño, quien en 2008 aparece como dueño de la propiedad con título supletorio, emitido por la entonces juez Socorro Toruño.

El desalojo se limitaba a la propiedad Las Majaguas, no era para El Cerro ni para El Arenal, que representan unas 60 manzanas.

Tras corroborar la ilegalidad, se le restableció su derecho, que dos años después vuelve a ser violado, según Norwin Solano, abogado del Cenidh.

Policía niega interés en litigio

El comisionado general Francisco Díaz, Subdirector de la Policía Nacional, negó que la institución tenga un interés en particular en este litigio por una propiedad, y aseguró que solo cumplieron con su deber en dar cumplimiento a resoluciones judiciales.

“Nuestra misión por mandato constitucional es la de prevenir, investigar y persecución del delito. En este caso concreto actuamos en fiel cumplimiento a resolución judicial. Lo que recomiendo en este caso, si hay alguna queja, debe ser ante las autoridades judiciales”, justificó Díaz.  

El doctor Solano estableció que en el último año se han multiplicado los problemas de propiedad, y son denuncias recurrentes, en las que principalmente hay intervención policial por influencias y se utiliza la operatividad de las instituciones.

El abogado del Cenidh dijo que solicitarán a la dirección de la Policía Nacional una revisión de lo actuado en el desalojo, ocurrido el 24 de enero. A su vez, demandarán la restitución del derecho de los afectados.