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Sorprendido reaccionó el juez Ronaldo Morán Pozo al conocer que la Procuraduría General de la República, PGR, entregó al excandidato a alcalde de Managua por el Partido Resistencia Nicaragüense, Manuel García Fuentes, y a Guillermo Delgado Pérez, las casas intervenidas a Fabiola Morales Guido, quien enfrenta cargos por crimen organizado, tráfico de estupefacientes y lavado de dinero.

“A mí me sorprende esto –la adjudicación de propiedades-, porque todavía los acusados no han sido declarados culpables”, dijo el juez suplente Primero Distrito Penal de Juicio de la capital, Ronaldo Morán.

La reacción de sorpresa del judicial se produjo cuando el abogado, Juan Miranda, defensor de Morales, le mostró fotocopia de la escritura pública número 771 hecha por el notario Rafael Mena Calero, donde el Procurador General de la República, Hernán Estrada, en representación del Estado y gobierno de Nicaragua, traspasa a García la casa de Morales ubicada en el barrio Liberia.

En la escritura hecha a las 6:30 A.M. del pasado 14 de octubre, el Procurador Estrada pide a la Registradora Pública de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Managua, Maritza Halleslevens, autorizar la inscripción provisional de la referida propiedad, a nombre del dirigente del PRN.

En la escritura de traspaso de dominio del bien inmueble se establece que la misma es cedida a García “en compensación y en cumplimiento a acuerdos de paz, suscritos por el gobierno de Nicaragua”.

El juez también se declaró sorprendido cuando el abogado Juan Miranda le mostró fotocopia de la certificación donde se traspasa a nombre de Guillermo Delgado Pérez la otra propiedad intervenida a Morales.

Involucrados deberán informar
El juez Ronaldo Morán, al conocer de la denuncia del abogado Miranda, ordenó girar oficio a la PGR y al Registro de la Propiedad, para que informen del por qué del traspaso de las propiedades.

Durante la audiencia, la procuradora auxiliar penal, Tatiana Martínez, no negó ni confirmó la adjudicación de las propiedades a particulares, pero se opuso al incidente promovido por la defensa, alegando que la defensa de Morales no señala el supuesto daño causado a su representada.

La directora de Relaciones Públicas de la PGR, Auxiliadora Rayo, al ser consultada ante esta denuncia, dijo que será el procurador Hernán Estrada quien responderá a la misma, una vez que regrese al país la próxima semana.

Lo que dice la ley
En septiembre de 2010 la Asamblea Nacional aprobó la Ley 735, que establece cómo deben distribuirse el dinero y los bienes incautados provenientes del narcotráfico.

De acuerdo con esa ley, los bienes solo pueden ser distribuidos una vez que hay sentencia firme de culpabilidad, pero no es éste el caso, pues no ha iniciado el juicio contra Morales y los otros cinco acusados.

Según la Ley 735, las instituciones beneficiadas con los bienes narcos son   la CSJ, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Consejo Nacional contra el Crimen Organizado y la Unidad Administradora de los Bienes Incautados, Decomisados o Abandonados Provenientes de Actividades Ilícitas, pero hasta la fecha no se ha conformado la referida unidad que manda a crear la misma legislación en su artículo 43.

El artículo 58 de la misma ley establece que lo decomisado podrá ser entregado de manera definitiva hasta que se haya dictado sentencia firme de culpabilidad.
Y en los casos donde no haya sentencia firme, lo incautado deberá ser administrado por la unidad antes mencionada.

Los  miembros de esta unidad  serán propuestos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, pero nombrados por el Consejo Nacional contra el Crimen Organizado, según lo establecido en la referida legislación.