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Sin ocultar su enojo por lo que llama “persecución política”, Adolfo Chamorro César, uno de los cuatro exdirectivos de la Junta Liquidadora del otrora Banco de la Vivienda de Nicaragua, Bavinic, contra quienes se giró orden de captura hace dos días, salió ayer al paso de la grave acusación que le formula la Procuraduría General de la República, PGR.

“A mí que me registren, yo nunca me he robado un córdoba, ni un dólar”, afirmó Chamorro, mientras sacaba su “artillería”, como le llama a las cédulas judiciales que demuestran que está amparado por el Tribunal de Apelaciones de Managua, TAM.

A Chamorro, William Báez Sacasa, Jerónimo Sequeira y Víctor Arce Ugarte la PGR les imputa la presunta autoría de un fraude millonario y contra ellos también hay orden de captura.

Saca su “artillería”
Entre las cédulas judiciales mostradas por Chamorro está la que recibió el primero de diciembre del año 2009, donde la jueza Segundo Distrito Penal de Audiencia de la capital, María Concepción Ugarte, le notifica que el proceso en su contra está suspendido.

“En virtud del recurso de amparo decretado a favor del mencionado procesado –Adolfo Chamorro César-  déjense suspendidos todos los actos en estricto respeto y obediencia a los que resuelva el máximo tribunal”, dice el auto dictado por la jueza Ugarte.

Este auto contradice lo dispuesto por la misma judicial el pasado viernes al ordenar la captura de Chamorro y los otros tres exdirectivos de la Junta Liquidadora del Bavinic.

Como parte de su “artillería”, Chamorro también cuenta con la cédula judicial donde le notifican que está amparado por el TAM.

Los magistrados igualmente suspendieron de oficio el acto recurrido, es decir que no se  puede iniciar o continuar con procesos contra Chamorro, en tanto la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CSJ,  no se pronuncie sobre el fondo del asunto, se indica en la cédula judicial.



Procuraduría notificada del amparo
El expresidente ejecutivo del Bavinic señaló que la PGR no puede alegar desconocimiento del amparo existente a su favor, porque fueron notificados de la resolución del TAM.

El presidente de la Contraloría General de la República, Guillermo Argüello Poessy, el 12 de mayo de 2011 dirigió una carta a Chamorro informándole que procedían a cumplir con la suspensión de los actos, según la orden de los magistrados del Tribunal de Apelaciones.

De esa comunicación, el presidente de los contralores remitió copia al procurador de la República, Hernán Estada, indicándole que el ente fiscalizador procedía a dar cumplimiento a lo ordenado por el TAM, señaló el entrevistado.



Resolución con voto razonado
El acto recurrido de amparo por Adolfo Chamorro es la resolución dictada por la Contraloría el 30 de junio de 2011, donde se estableció responsabilidades civiles, administrativas y presunción de responsabilidad penal contra él y los otros tres acusados de fraude.

Cabe mencionar que la referida resolución solo contó con el voto favorable de los contralores Guillermo Argüello Poessy, José Pasos Marciaq y Luis Ángel Montenegro.

Mientras los contralores Lino Hernández Triguero y Fulvio Palma se opusieron a la imposición de sanciones y de presunción de responsabilidad penal.

“Las responsabilidades propuestas particularmente las civiles y penales, están basadas en el hecho que vendieron propiedades a precios diferentes de los avalúos y del valor catastral, eso fue así por las particularidades del banco en liquidación”, expresó el contralor Hernández al razonar su voto.

Al razonar su voto, el contralor Hernández señaló que las propiedades vendidas  por la Junta Liquidadora, en su mayoría estaban ocupadas, con juicios pendientes y en una situación irregular, por lo que no podían ser vendidas en su precio catastral, porque eso sería “irreal.

En el transcurso del día, las autoridades policiales no informaron si ejecutaron o no las órdenes de captura emitidas el día anterior.

Pasadas  las siete de la noche de ayer, Chamorro dijo vía telefónica que él permanecía en su casa en San Marcos, Carazo, agregando que los otros acusados igualmente seguían en sus respetivos domicilios.

Tanto Chamorro como William Báez dijeron que la noticia publicada en la edición de ayer en EL NUEVO DIARIO ha tenido un gran impacto a nivel nacional e internacional, porque han recibido centenares de llamadas y mensajes de amigos y familiares, preguntándoles por su situación legal.