•   Managua, Nicaragua  |
  •  |
  •  |

El año pasado, la Policía Nacional se “sacudió” a 173 agentes, a quienes dio de baja deshonrosa por haber cometido actos de corrupción, de indisciplina, de violación al reglamento policial, y por abusar de su autoridad. La cifra corresponde al 14.4% de los nuevos efectivos (1,200) que ingresaron a la fuerza del orden público en 2011 y al 1.4% del total de los uniformados (12,000), por tanto, constituye una “cantidad mínima”, valoró el Inspector General de la Policía, comisionado general Juan Báez Galeano.

Desde 2008 a 2011, el promedio anual de policías que han sido “dados de baja” es de 160. En 2008 mandaron a la calle a 194, pero la cifra descendió a 132 en 2009, al año siguiente fue de 140, y el año pasado aumentó a 173.

“No ha ido bajando la cifra porque hay un trabajo de vigilancia y supervisión de Asuntos Internos, de los mandos policiales y de la misma Inspectoría, lo que permite detectar y corregir para que la gente deje de estar en actos que están fuera de la norma”, dijo Báez.

La Dirección de Asuntos Internos de la Policía, que está subordinada a la Inspectoría General, en 2011 dio apertura a mil 919 expedientes, en los que resultaron sancionados administrativamente 1,063 uniformados. Unos 776 oficiales fueron denunciados por haber cometido supuestos actos de corrupción y se abrieron expedientes a 334 casos, de los cuales resultaron positivos 276.

De todos esos casos positivos, fueron sancionados 446 agentes involucrados. Entre las sanciones aprobadas están la baja deshonrosa a 116.

“La mayoría de los que han ingresado a la Policía se han mantenido en la institución, y el número de bajas es menor… nosotros ya tenemos cadetes que salieron hace cinco o seis años, y ahora tienen un grado superior de teniente o capitanes, según su hoja de vida. Aquí tenés una Policía que es consistente en su formación, actuación, en irse cada día empoderando del trabajo policial”, afirmó Báez.

Pocos jefes policiales castigados
Los policías de bajo rango se quejan de los abusos que cometen en su contra algunos jefes policiales, y muchos aseguran que sus superiores no reciben ninguna sanción por parte de la jefatura de esta institución, pero según la Inspectoría General, el año pasado fueron aplicadas 62 sanciones administrativas a oficiales superiores, mientras que a subalternos fueron 252 y del área ejecutiva 723.

También las autoridades policiales dieron de baja a 35 agentes por habérseles comprobado que violaron los derechos humanos de pobladores, a través del abuso de autoridad, maltrato físico y exceso de fuerza. Un total de 22 fueron expulsados por cometer actos de indisciplina y no mostrar un cambio de actitud.

“Hemos desarrollado algunas acciones en el terreno con los organismos de los derechos humanos, que nos han permitido reducir esas denuncias de posibles violaciones a los derechos humanos, y tienen que ver, por ejemplo, con la estadía en las áreas preventivas cuando vos sos detenido, entonces hemos venido desarrollando con ellos un trabajo preventivo”, aseveró el jefe policial.

No registran casos de torturas
Pobladores que han estado detenidos en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial y de algunos departamentos y distritos policiales, han denunciado ante los organismos defensores de los derechos humanos que los policías los han torturado para obligarlos a aceptar un ilícito que, según ellos, no cometieron o a declarar en contra de otro reo, pero el Inspector General dijo que estas acciones no las han comprobado.

“En este momento no tengo casos en los que los policías hayan torturado a un detenido para intentar sacarle una confesión, tuvimos un caso hace como seis años que, incluso, lo reconocimos públicamente, y tomamos las medidas en su momento, lo hemos reportado internacionalmente y eso fue en Nueva Guinea, de allí no existe otro caso”, afirmó Báez.

¿Por qué no irse de la Policía?
Cada año hay una minúscula, pero significativa retirada voluntaria e involuntaria de policías de la institución. Quienes se van por su cuenta han señalado algunas debilidades: maltrato de los superiores, sobrecarga laboral y salarios bajos, entre otros. Pero, el comisionado general Báez señala que los agentes del orden cuentan con ventajas importantes en relación con otras policías de Centroamérica.

Entre las ventajas indicó que cuentan con un hospital que tiene filiales en las regiones del país. Un comisariato y una tienda que beneficia su poder adquisitivo y les ofrece crédito. Asimismo, proyectos de viviendas que se pagan a través del Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humano.

Narcos no han permeado fuerza policial
Expertos en temas militares y de seguridad ciudadana han advertido sobre las acciones de los narcotraficantes y de los criminales organizados, orientadas a permear las estructuras de la Policía y del Ejército. La misma Policía ha conocido y detenido a exoficiales y a oficiales activos que se han dedicado a delinquir, y cuyas acciones han salido a luz pública gracias a los medios de comunicación.

“Nosotros hemos estado trabajando dentro de esta amenaza, y creo que todavía podemos decir que los estamos golpeando, y te puedo decir que ellos todavía no han logrado aquí lo que han conseguido en otros cuerpos policiales, que una estructura (de oficiales) se ponga al servicio de ellos, en este caso no lo hay”, aseveró Báez.

Lo que han observado aquí, según Báez, es que algunos policías han sido señalados de tener vínculos con expendios de drogas, o alguna relación con una persona que está inmersa en el narcotráfico, pero no es el problema que enfrentan otros países de Centroamérica.          

Acciones para mejorar
El jefe policial dijo que desde hace cinco años están ejecutando en todas sus estructuras el “Plan de Acción Institucional para el Fortalecimiento de Valores y Cambio de Actitud”,  que es una de las estrategias del gobierno para lograr la restitución de valores y derechos.  

Además, que continúan trabajando en un nuevo Reglamento Interno de la Policía, el cual está en revisión en la jefatura policial, y posteriormente será presentado al Presidente de la República, Daniel Ortega, para su aprobación vía decreto.

Se creará, además, un Tribunal Disciplinario de Honor que emitirá sanciones administrativas como, por ejemplo, labores sin goce de salario, pero que pretende respetar los derechos humanos de los oficiales. Dichas resoluciones no serán vinculantes con el trabajo que realizan los judiciales.