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El fiscal auxiliar Félix Hernández Muñoz fue quien dio pie a la puesta en libertad de varios miembros de la familia Lúquez- González, acusados de múltiples delitos en la zona del Triángulo Minero, Región Autónoma del Atlántico Norte, RAAN.

Así lo evidencia el acta de audiencia del 1 de diciembre de 2011, hecha en la Sala Penal del Tribunal de Apelaciones de la RAAN, con sede en Puerto Cabezas.

El fiscal Hernández inició su intervención diciendo que el exjuez de juicio de Siuna, Victorino Estrada, quien dictó sentencia condenatoria de primera instancia, lo hizo no teniendo competencia para ello, pues en ese momento estaba recusado.

“Por lógica jurídica, si la sentencia que dicta es nula porque no tiene competencia, obviamente es nulo el juicio”, dijo en aquel entonces el representante del Ministerio Público.

El fiscal Hernández pidió la nulidad del juicio para los hermanos José y Pedro Lúquez González, y por “analogía” para Víctor Bravo Reyes, según el acta de la audiencia certificada por el secretario de la Sala Penal del Tribunal de Apelaciones de la RAAN, Róger Salgado Zelaya.

¿Por qué no apeló la Fiscalía?  
El magistrado de Apelaciones en la RAAN, José Barrientos Watson, dijo que él y sus colegas lo que hicieron fue constatar las violaciones constitucionales cometidas en el proceso y señaladas por el representante del Ministerio Público.

“Si la Fiscalía no hubiera estado de acuerdo con la sentencia que dictamos, hubiese apelado, lo cual no hizo, y por ello el fallo declarando la nulidad del proceso está firme”, expresó Barrientos.

Al referirse a la puesta en libertad de los acusados, el magistrado Barrientos dijo que esta fue ordenada porque se había vencido el término para que estuvieran en prisión.

Lo que establece el CPP

El Código Procesal Penal, CPP, establece que ningún reo puede estar en prisión más de tres meses sin haber recibido sentencia, y en este caso tenían más de un año, señaló el magistrado de Apelaciones.

Por su parte, el magistrado Alejandro Téllez Alvarado ratificó que él se presentó al Sistema Penitenciario Nacional, SPN, para saber por qué no se había cumplido con las órdenes de libertad.

“Yo me presenté al Sistema Penitenciario, pero fue para confirmarles que las firmas que estaban en la sentencia y en las órdenes de libertad eran las correctas, pero no para exigir la libertad de los reos”, dijo el magistrado Téllez.

Los magistrados de Apelaciones de la RAAN están bajo investigación disciplinaria por una queja de las autoridades del Sistema Penitenciario, quienes los señalan de haber facilitado la excarcelación de los reos antes mencionados.