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Quién diría que a 96 años de la muerte del “Príncipe de las Letras Castellanas”, Rubén Darío, sus descendientes tengan que reclamar ante el Ministerio de Educación sus derechos sobre una propiedad comprada desde 1956, y deban, incluso, hacer una denuncia pública.

La denuncia interpuesta ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, es uno de los recursos extremos que debió hacer la familia del bardo, pues tanto el bisnieto del poeta, Rubén Darío Lacayo, como su mamá, Martha Lacayo, han intentado resolver el problema por vías amistosas, sin embargo, tras tocar todas las puertas ninguna dio respuesta.

“Nuestra familia compró esa propiedad en 1956. Se arrendó por casi 40 años al Ministerio de Educación y nunca tuvimos problemas. En 2010 nos dijeron que cancelarían el contrato y entregarían el inmueble. Ellos compraron los terrenos contiguos, donde construyeron una escuela: “República de Canadá”, y luego nos dijeron que entregaban el local. Nuestra sorpresa fue que después trabajadores y vehículos de la alcaldía invadieron nuestra propiedad, y construyeron un campo de fútbol”, narra Darío Lacayo.

Alcaldesa no respondió

Ante esto se dirigió carta a la alcaldesa Daysi Torres, de la cual no hubo respuesta. Doña Martha Lacayo comentó que ella, entonces, fue a la Alcaldía de Managua, donde en asuntos legales le informaron que las obras fueron a solicitud de la dirección del nuevo centro escolar.

Al regresar a la propiedad, Darío Lacayo y su mamá fueron rodeados por un grupo que se identificó como del Consejo del Poder Ciudadano del barrio, “Johnatan González”, que con palos y piedras amenazaron que si no se iban le pegarían fuego al vehículo donde viajaban.

Otros silencios

Otros funcionarios a los que recurrieron fueron el procurador especial Sixto Ulloa, de la Procuraduría de Derechos Humanos, de quien no tuvieron respuesta e igual sucedió con la carta que presentaron a la Presidencia de la República, dirigida a la primera dama Rosario Murillo.

La doctora Vilma Núñez dijo que darán acompañamiento a la familia Darío en el reclamo, y restitución de sus derechos, y trabajarán en el reclamo legal de la propiedad. Destacó que no era posible que la herencia de los descendientes fuera dilapidada por el propio gobierno.

“Asunto cerrado”

EL NUEVO DIARIO consultó vía telefónica al delegado del municipio de Managua ante el Ministerio de Educación, Sergio Mercado, sin embargo, el funcionario excusó su negativa a hablar del caso remitiéndonos a solicitar su versión por la vía “correspondiente”, es decir, a través de la oficina de Comunicación del Ministerio a la que este diario, minutos antes, había manifestado la formal solicitud para consultar con las autoridades el caso.

Antes de cortar la llamada telefónica, Mercado comentó que la situación la está atendiendo la oficina de asesoría legal del ministerio, y que “hace rato” él mismo conoció del asunto y entendía que “ya estaba cerrado”.

La ilegalidad de los terrenos donde funcionan muchos centros educativos públicos  es un problema profundo que el propio Ministerio ha reconocido como una limitante. Según cifras oficiales, reconocidas entre las brechas educativas del país, se reporta la condición de ilegalidad de 5,296 propiedades.

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