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Con trámite de urgencia, el Poder Ejecutivo envió a la Asamblea Nacional una iniciativa para reformar el artículo 4 de la Ley de Estabilidad Energética, Ley 554, cuyo objetivo es “autorizar al Ministerio de Energía y Minas, MEM, y al Instituto Nicaragüense de Energía, INE, para que conjuntamente establezcan, con financiadores nacionales y extranjeros, mecanismos de financiación a la tarifa de los clientes y consumidores finales, a fin de financiar los incrementos de la tarifa del servicio eléctrico”.

Según el artículo uno de la iniciativa de reforma recibida en la Primera Secretaría del Parlamento el 16 de febrero pasado, se “adicionará un literal m) al artículo 4 de la Ley 554”, para autorizar al MEM y al INE que busquen esos mecanismos de financiación de la tarifa energética. La iniciativa establece, además, que el MEM y el INE “establecerán los procedimientos de utilización, aplicación y recaudación para el repago de los fondos financiados a la tarifa”.

La propuesta del Ejecutivo establece que el “repago” de esos financiamientos saldrá de la misma tarifa a los consumidores, pues en el segundo párrafo del artículo uno de la iniciativa de reforma se señala claramente que “cuando las condiciones de la matriz de generación y/o el precio de los combustibles de generación permitan una reducción en el precio medio de compra de la energía, conforme cálculos del INE, y previa certificación del MEM, todos los montos obtenidos por el INE serán restituidos al financiador, para lo cual, el Ente Regulador establecerá, mediante resolución de su Consejo de Dirección, el procedimiento para que vía tarifa se pague a los financiadores nacionales e internacionales los montos financiados”.

“Las empresas distribuidoras deberán obligatoriamente efectuar la recaudación de los montos trasladados a tarifas a favor de los financiadores”, agrega en la última línea del artículo uno de la propuesta de reforma.

La iniciativa ya consta en el adendum 3 de la Agenda Legislativa justo cuando en esta semana se reanudan las sesiones plenarias.  El documento ya generó reacciones desfavorables entre diputados opositores y analistas.

El diputado del Frente Sandinista y presidente de la Comisión Económica del Parlamento, Wálmaro Gutiérrez, dijo no conocer el texto de la propuesta, y se limitó a asegurar que no generará deuda pública.

Supuestos inciertos

Para el diputado de la Bancada Democrática Nicaragüense, BDN, Eliseo Núñez Morales, de entrada, la iniciativa adolece de dos “supuestos inciertos”: la futura reducción de los precios internacionales del petróleo, sobre todo del fuel oil y el diesel, los principales derivados utilizados en la generación de energía; así como del cambio en la matriz de generación energética del país.

El mismo texto de la iniciativa, en la parte correspondiente a la “exposición de motivos”, reconoce que “los serios problemas del sector de energía eléctrica subsisten en razón de factores exógenos sobre los cuales el Estado de Nicaragua no tiene control, como son los incrementos considerables de los precios internacionales de los derivados del petróleo… A esto se suma que, pese a que el gobierno ha promovido el cambio de la matriz de generación de energía, dicho cambio y diversificación requiere la puesta en marcha de proyectos, cuya etapa de desarrollo, en el mejor de los casos, requieren tres años de ejecución”.

Para Núñez Morales, esta iniciativa “no es más que un bypass para convertir en deuda pública, una deuda que, hasta el momento, se ha manejado entre privados”, eso porque, según Núñez Morales, el MEM y el INE son entidades estatales que se comprometerán con financiadores nacionales o extranjeros y que, una vez que no tengan capacidad de repago vía tarifa, el Estado deberá asumir como propia esa deuda.

De paso, dijo Núñez, los principales generadores son las empresas ligadas el grupo ALBA, que son los que finalmente se quedarán con las ganancias, mientras que los consumidores no verán nunca disminuir la tarifa.

Núñez Morales llegó al punto de “sospechar” toda una confabulación económica-empresarial, al señalar como posible “financiador” al polémico Banco del ALBA, Balba.

Ilusión

Mientras tanto, el abogado y exasesor legislativo, Óscar Carrión Orozco, considera que la iniciativa de reforma no es más que “una ilusión”. 

“Esta medida pretende cerrar el círculo perfecto de la estafa al pueblo de Nicaragua, cuando persigue que dos entidades públicas tengan la facultad expedita de analizar los precios de los combustibles en el plano internacional, establecer de forma arbitraria los aumentos tarifarios, y luego rebuscar los financiadores nacionales o internacionales que nos hagan amortiguar el golpe”, expresó.

De lo anterior, según Carrión, “hay enormes referencias, cuando en el pasado año nos recetaron una brutal alza de casi 42% de incremento en la tarifa de energía eléctrica, cuando los precios de referencia internacional del petróleo andaba por el margen de los US$90 promedio por barril, y solo un par de meses llegó a promediar US$100, en cuyo caso la tarifa merecía apenas ajustarse un 10% o financiarse con entre US$10 o US$20 millones, pero lo que tuvimos en la práctica fue un brutal incremento del 42%”.