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Daños a la propiedad, estelionato, amenazas y falsificación material, son los delitos imputados a  tres presuntos tomatierras denunciados en el Ministerio Público.

Los acusados son: Luis Manuel Guillén, Erick Guillén Rivas y Tomás Vargas, desalojados por la Policía el pasado 9 de febrero de una finca ubicada en la comarca San Isidro, jurisdicción de Managua.

Al invadir la finca de los ancianos María Teresa y Ladislao Rodrigo Sáenz Padilla, los denunciados también cortaron con motosierras árboles frutales y de madera preciosa, refiere la denuncia.

El jefe de la Estación III de Policía, comisionado mayor Emilio Rodríguez, en el acta de entrega de la propiedad tras desalojar a los invasores, señaló que los hermanos Sáenz Padilla presentaron documentos legales que los acreditan como dueños de la propiedad.

Despalaron finca

En la denuncia recibida en el Centro de Atención Fiscal del Distrito III de Managua, se señala que los acusados hicieron mediciones topográficas para vender la finca de cinco mil varas cuadradas en pequeños lotes a precios de 700 dólares cada uno.

La abogada Teresa Calderón Mena, quien representa a los ancianos, expresó que los presuntos tomatierras alegan ser los dueños de la finca con una “escritura falsa”.

“Para confundir el derecho de propiedad de mis representados, pretenden hacer aparecer como válida una escritura falsa que ni siquiera está inscrita en el Registro Público de la Propiedad”, manifestó la abogada Calderón, quien según los planos que muestran Luis Manuel Guillén y  su hijo, Erick Guillén, se corresponden a una propiedad ubicada 900 metros al suroeste de la finca de sus representados.

Utilizan nombre de defensor público

Erick Guillén Rivas, uno de los denunciados, al ser consultados en relación con la denuncia que también va enderezada en su contra, dijo que  su papá --Luis Manuel Guillén-- “le compró al legítimo” dueño, quien según él es Arístides González”.

Erick Guillén aseguró que la próxima semana estarán de regreso en posesión de la propiedad de la que fueron desalojados por la Policía, porque su abogado es el doctor Francisco Rosales Frixione, hijo del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, Francisco Rosales Argüello.

EL NUEVO DIARIO se comunicó vía telefónica con el defensor público, Francisco Rosales júnior, quien negó conocer a los señores Guillén.

“Yo como defensor público solo llevo casos de personas que ya están condenadas --es decir, aquellos que son llevados ante el juez de Ejecución de Sentencia y Vigilancia Penitenciaria-- y no conozco a esa persona que me está mencionando”, aclaró el hijo del presidente de la Sala de lo Constitucional de la CSJ.