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El proyecto de Ley para reformar el artículo 4 de Ley 554, que facultaría al Ministerio de Energía y Minas, MEM, y al Instituto Nicaragüense de Energía, INE, a buscar apoyo financiero con entidades extranjeras y nacionales para tener recursos para subsidiar la tarifa energética, ha provocado fuertes señalamientos y críticas en amplios sectores del país, los que consideran que el gran beneficiario será el gobierno.

Óscar Danilo Carrión, analista del sector y candidato para ser miembro del Consejo Directivo del INE, señaló ayer que si bien todas estas iniciativas tienen la aparente bondad de beneficiar a los usuarios y consumidores finales de energía ante los ajustes tarifarios, es claro que el Gobierno lo que busca es favorecerse con el negocio petrolero.

“El Gobierno está jugando un ‘doble sombrero’, y lo que busca es abstraerse un poco de la crítica directa, y autoriza a dos autoridades del Estado para que en teoría sean los que busquen el financiamiento, para poder tener disponibilidad de fondos y así destinarlos (subsidios) a la tarifa de energía. Lo que no quiere es que se le critique por las alzas a la tarifa de energía, y (desea) quedar fuera de este torbellino”, aseguró.

Carrión dijo que no ve lógico que estas dos entidades sean las dedicadas a buscar fondos, cuando hay disponibilidad de dinero, el cual puede salir (ya se ha hecho) de los fondos de ALBA-Caruna.

“Con la reforma a la Ley 554 se deja la garantía de que estos fondos serán recuperados a mediano plazo. Con ello se legalizan los incrementos a la tarifa, cuando no se ha demostrado con claridad y con estudios serios de cuánto debieron ser los porcentajes de los dos incrementos aplicados anteriormente a la tarifa”, señaló.

Carrón indicó que probablemente las entidades financieras a las cuales recurran el INE y el MEM, sean las mismas, los fondos ALBA, que son canalizados a través de Caruna.

“El trasfondo es que se cierra un círculo. Cada vez que se hagan incrementos se buscarán recursos y el Gobierno podrá ganar más dinero por debajo de la mesa, ya que serán los mismos fondos ALBA los usados para financiar el sector. Hay discrecionalidad para establecer tarifa, el Gobierno ocuparía doble rol, como operador y generador del sistema energético, pero a la vez será el financiador del mismo sistema, para ‘frenar’ las alzas, dejando con deudas al país. Es juez y parte, y esto para mí no tiene legalidad ni moral, porque nos deja pagando deudas a través de energía producida por plantas renovables, y esto quiere decir que nunca podremos gozar de energía barata”, especificó.

Negocio con ventajas

Dirigentes de las organizaciones de los consumidores, señalaron que resulta contradictorio buscar cambios en la matriz energética con producción renovable, si los usuarios no se verán favorecidos con una energía más barata en el mediano plazo.

Ricardo Osejo, dirigente de la Organización de Defensa de los Consumidores, ODC, dijo que las reformas a la Ley 554 ponen en riesgo los beneficios que estarían dejando al país la entrada de los proyectos de generación renovable, porque se condiciona que esta energía será la que pagará las deudas adquiridas en el sector.

“No hay una propuesta clara con respecto a los proyectos renovables, porque no se sabe si esta energía ayudará a reducir los altos costos de la tarifa. Ahora, se deja claro que la supuesta solidaridad del ALBA tiende a desaparecer, porque se estaría legalizando los préstamos con una entidad financiera que sería Caruna, un negocio que podría tener ventajas para los socios. Al final, con las reformas a la Ley 554, se aprobaría una medida que deja sin responsabilidad al Ejecutivo y la traslada a entes del Estado, el MEM y el INE”, agregó.

Marvin Pomares, dirigente del Instituto Nicaragüense de los Consumidores, dijo que una de las desventajas del país es la dependencia del petróleo para generar, lo que encarece los costos. Agregó que las reformas a la Ley 554 buscan facilitar la obtención de financiamiento para no perjudicar a los usuarios con las alzas en la tarifa de energía.

“El problema es que cuando entren a operar los proyectos renovables y se produzca energía más barata, los usuarios no gozaremos de ese beneficio, porque los endeudamientos se pagarán con los déficit que dejaría la producción energética renovable, lo que arrojará pocos beneficios”, agregó.

Propuesta es confusa

Por su parte, el jefe de la Bancada Democrática Nicaragüense, diputado Luis Callejas, afirmó que la propuesta de reforma a la Ley 554 no puede ser aprobada tal como está planteada, porque es confusa y no hubo previa consulta con los sectores involucrados.

“Se autoriza al Ministerio de Energía y Minas, MEM, y al Instituto Nicaragüense de Energía, INE, para hacer préstamos para financiar la tarifa eléctrica, y una vez que los precios bajen, si es que van a bajar, los vamos a pagar todos a través de tarifa eléctrica”, dijo el legislador sobre la iniciativa presentada por el Ejecutivo con trámite de urgencia.

Sin embargo, señaló que “deja muchas dudas”. “¿Quién la va a pagar, cómo se va a pagar, qué intereses se van a prestar? Le están dando poder a dos instituciones para adquirir una deuda pública de grandes dimensiones, (entonces) debe ser más discutida y mejor regulada (la reforma)”, enfatizó el legislador opositor.