•   Corresponsal END San José, Costa Rica  |
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Por la muerte de 5 nicaragüenses y 9 costarricenses --en un derrumbe--, la Fiscalía de Atenas de Alajuela, al norte de San José, acusó de homicidio culposo a cuatro funcionarios públicos, dos empresarios de la construcción y un arquitecto, confirmó este martes el Poder Judicial.

Los hechos se remontan al 11 de octubre de 2007, cuando tras un temporal, un muro de contención de piedras con malla metálica sucumbió, y el alud sepultó siete casitas ubicadas en la localidad de Bajo Cacao de Atenas.

Entre los fallecidos estaban Agustín Reyes, de 33 años; Herley Osorio, de 22; Dorwin Palacios, de 38, y los hermanos Francisco e Isidro Zelaya, de 32 y de 38 años, respectivamente, todos de nacionalidad nicaragüense.

Por homicidio culposo
La acusación la presentó el fiscal de Atenas, Manuel Jiménez, en el Juzgado Penal de esa ciudad. El funcionario pidió absolver a los imputados de los delitos de desastre culposo, lesiones, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad; pero los señala de haber cometido homicidio culposo por la falta de supervisión de la construcción del muro de contención.

Los acusados en este caso son la exministra de Obras Públicas y Transportes, Karla González, y los exdirectores del Consejo Nacional de Vialidad, Conavi, Alejandro Molina Solís y José Gerardo Chacón Laurito.

Otros acusados

También son acusados el exalcalde de Atenas, Wilbert Aguilar; los empresarios de la construcción Reinaldo Hernández Durán y José Martín Irías Hernández, y el ingeniero Luis Carlos Gómez Pasos. Hernández Durán e Irías Hernández son de la empresa constructora Conansa.

En su acusación, Jiménez señala la falta de supervisión de las partes. La obra estaba a cargo del Conavi; la empresa contratada era Conansa, pero esta a su vez subcontrató a otra empresa que hizo el muro de contención, conocido en el área de la construcción como gaviones. Los abogados de las familias de las víctimas, Carlos Alberto Guillén y Carlos Alberto González, se sumaron a la acusación de la Fiscalía, y plantearon una demanda civil para resarcir económicamente los daños al Estado, a la empresa y al exdirector del Consejo Nacional de Vialidad, Alejandro Molina Solís.