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Los descendientes del poeta Rubén Darío llegaron a un acuerdo por la Procuraduría General de la República, PGR, y serán indemnizados por la invasión de la propiedad por parte del Ministerio de Educación.

El procurador Hernán Estrada señaló que la situación no fue intencional, pero “en ningún momento el Estado ha querido hacer daño a la familia Darío”. Dijo esto momentos después de firmar un documento en el cual se acuerda llegar a una solución amistosa y consensuar un precio de indemnización para la familia Darío.

El caso de la invasión fue denunciado en el Cenidh el jueves pasado, donde los descendientes del poeta alegaron que por varias décadas arrendaron su propiedad en el barrio “Jonathan González” al Ministerio de Educación, pero luego de comprar los terrenos contiguos y construir ahí el colegio, en 2010 canceló el contrato. La sorpresa fue que trabajadores y vehículos de la alcaldía invadieron la propiedad y construyeron un campo de fútbol a solicitud de la directora del centro escolar.

A un año de tratar de llevar a un arreglo amistoso, y luego de encontrar las puertas cerradas en todas las instituciones, tras hacer público el problema, finalmente la PGR ofreció indemnizar a la familia Darío.

Tranquilidad a los Darío
Junto a su mamá, Martha Lacayo, el señor Rubén Darío Lacayo, bisnieto del “Príncipe de las Letras Castellanas”, al salir de la reunión solicitada por el procurador Estrada dijo que esto le trae tranquilidad a la familia.

“Primero, somos varios familiares propietarios y nos pondremos de acuerdo sobre la indemnización para presentarla al doctor Estrada”, expresó Darío Lacayo, recordando que su padre, de profesión maestro, ahorró durante años para comprar ese terreno, y no sería justo dejar que despojen a la familia de su herencia y patrimonio.

Según la doctora Vilma Núñez, Presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, y testigo del compromiso de la PGR, dijo que de esta manera el Estado admitió que se estaba cometiendo un abuso contra los derechos de propiedad de esta familia, pero que no era una acción intencional, por tanto, necesitaban dar respuesta a la situación.

“Fui testigo de la firma del acta, con lo que se espera solucionar el problema. El Estado firmó a través del doctor Estrada. Ahora vamos a esperar que cumplan. Seguiremos dando seguimiento a esta situación”, dijo la doctora Núñez.