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El Fiscal General de la República, Julio Centeno Gómez, ratificó que la Fiscalía apelará de la sentencia en el caso de El Carrizo, donde los cuatro condenados por el crimen de tres campesinos solo recibieron una pena de tres años y tres meses.

“Ya se instruyó a la persona --fiscal departamental-- para que  haga la apelación”, dijo ayer el  fiscal Centeno Gómez a los periodistas.

Centeno  indicó  que si el Ministerio Público está apelando del polémico fallo, es porque esa institución está inconforme con la sentencia.

Por su parte, el fiscal departamental de Somoto, Juan Carlos Silva, dijo que actualmente están haciendo el análisis de la sentencia.

“En el análisis que nosotros estamos haciendo, vamos a ver si el juez tomó en cuenta lo que nosotros expusimos o si no lo tomó en cuenta, y si rechazó los agravantes… Uno de ellos fue que estábamos en una comunidad indígena, por lo tanto, es protegida por el derecho internacional, y la otra es la situación del lugar: despoblado, oscuro y con poca visibilidad”, indicó Silva.    

Reos “no comunes” corren peligro
El inspector general del Ministerio Público, Armando Juárez, dijo desconocer cuál es el trato preferencial que están dando las autoridades policiales a los sentenciados de El Carrizo, y por qué no los han trasladado a las celdas del Sistema Penitenciario.

“Eso es un asunto que atañe estrictamente a las autoridades de Gobernación y a los encargados de custodiar a los que han sido sancionados… Esto ya sale de la esfera del ámbito del Ministerio Público, y, posiblemente, tal vez hasta el juez de ejecución más adelante pueda tener alguna intervención”, dijo Juárez.

Pero el funcionario intentó justificar el trato preferencial hacia los reos, diciendo que, “evidentemente, hay que tener ciertas consideraciones. No es que no se trata de que sean reos ordinarios, por así decirles, pero sí no se puede obviar que de alguna manera tienen alguna incidencia, y, ciertamente, pueden ser expuestos a situaciones más gravosas”.  

Ramos mantiene apoyo al juez
Por segundo día consecutivo, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, Alba Luz Ramos, fustigó a quienes han criticado la sentencia del juez Laguna.  

“Ninguna organización, ninguna persona por muy profesor de Derecho que sea, puede revisar una sentencia… Eso solo lo pueden los tribunales”, recalcó Ramos, quien formuló sus críticas luego de participar en un foro sobre la implementación de la recién aprobada ley que castiga la violencia contra la mujer.

Laguna condenó a tres años y tres meses de prisión a Jesús Herrera Zepeda, secretario político del FSLN en San José de Cusmapa; a Eusebio Cruz, funcionario del Consejo Supremo Electoral; al exjefe policial de ese municipio, Elvin de Jesús López, y a Mauricio Díaz Jiménez, por el crimen de tres campesinos.

¿Por qué en el caso de Coperna donde hubo muertos, heridos y los acusados fueron absueltos por un juez, nadie reclamó? ¿Será que el secretario político --del FSLN-- y los policías no tienen familiares a quienes les duele lo que les han hecho?, cuestionó  Ramos.

Ante la pregunta de los periodistas, sobre si recuerda una sentencia donde se haya impuesto una pena inferior a la establecida en el Código Penal por el delito cometido, Ramos respondió: “Hay miles de casos”.

Por su parte, el magistrado de la CSJ, Edgard Navas, consideró como un “pésimo precedente”  que el juez haya tomado como atenuante el hecho el estado de embriaguez de los condenados cuando cometieron los crímenes. Señaló que esto --el atenuante del alcoholismo-- deberá ser revisado y corregido, ya sea por el Tribunal de Apelaciones de Estelí o bien por la Sala Penal de la Corte Suprema.
 
Ramos contra la Fiscalía
A criterio de la presidenta de la CSJ, Juárez no tiene nada que ver en el caso --El Carrizo--, “porque esos no son delitos electorales”, para luego decir; “no sé, entonces, quién manda en la Fiscalía”.

La presidenta del Poder Judicial fue tajante en afirmar que la Fiscalía “no hizo nada en el caso de Coperna, donde fue ultimado el secretario político del FSLN y donde, asimismo, fueron lesionados de gravedad 12 policías. Pero el fiscal Centeno Gómez aclaró que Juárez fue delegado para coordinar las acciones legales, “porque los hechos se dieron en el contexto de las elecciones”.