•   Agencias / Valencia  |
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El dinero público de la Comunidad Valenciana destinado a proyectos para países en vías de desarrollo por parte de algunas Organizaciones No Gubernamentales, ONG, no llegó a donde tenía que llegar. Más de dos millones de euros concedidos por el Gobierno valenciano para abastecer y tratar agua para consumo humano y producir alimentos en Nicaragua, acabó destinándose a la compra de bienes inmuebles en la ciudad de Valencia.

La Policía Nacional detuvo al director general de Integración y Cooperación de la Consellería de Justicia y Bienestar Social, Josep María Felip, acusado de los delitos de fraude de subvenciones, falsedad documental y malversación de fondos públicos.

El presidente de la organización Generalitat, Alberto Fabra, había anunciado la destitución de Felip, y del subsecretario de Sanidad, Alexandre Catalá, tras haber sido detenido el primero e imputado el segundo por fraude, malversación y falsedad documental.

La investigación de la trama de fraude de subvenciones en el departamento de Cooperación de la Generalitat Valenciana, ha desembocado ya en la detención de Felip y 13 personas.

En octubre de 2010, la Fiscalía abrió diligencias de investigación tras recibir una denuncia de la diputada del PSPV Clara Tirado en relación a subvenciones otorgadas en 2008 por la Conselleria de Solidaridad a la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Cyes) para el desarrollo de dos proyectos de cooperación en Nicaragua.

Los grupos de la oposición en Les Corts Valencianes llevan exigiendo desde octubre de 2010 que el Gobierno autonómico dé explicaciones sobre las informaciones que le acusan de otorgar en 2008 subvenciones por más de 1,8 millones a la fundación, de los que 1,6 eran para proyectos en Nicaragua, pero que los destinó en su mayor parte a adquirir dos locales para su sede en Valencia.

Facturas falsas
Después de que la diputada socialista Clara Tirado denunciara el caso de la Fundación Cyes, esta empezó a aportar facturas para contrarrestar los documentos que acreditaban la compra de inmuebles. Eran facturas emitidas en Nicaragua que la investigación considera “simplemente increíbles”, pero que el departamento de Blasco dio por buenas.

La investigación descubrió que había pagos con cheques y talones para la adquisición de inmuebles y que así justificó la ONG en un primer momento el destino dado a parte del dinero recibido. Cuando los socialistas valencianos denunciaron este hecho —el dinero para cooperación no había llegado a Nicaragua, sino que se había quedado en la compra de pisos en Valencia— y la Generalitat Valenciana reclamó los justificantes de los gastos, “se eliminaron los de adquisición de los inmuebles y fueron sustituidos por facturas emitidas en Nicaragua”.

“Lo que no puede sustituirse” señala el informe de la investigación judicial, “son los extractos bancarios, de forma que el importe de las transferencias a Nicaragua sigue siendo el mismo: 308.129 euros de los 833.000 euros concedidos”. Y concluye: “La diferencia -más de 500.000 euros- arroja un saldo no gastado que debería ser objeto de reintegro”.

Sin embargo, la veracidad de las facturas no es lo único que la investigación pone en entredicho. Del examen de los expedientes también se deduce que la documentación que se presentó para captar los fondos públicos no acreditaba el cumplimiento de los requisitos exigidos para acceder a ellos.

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