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La aprobación de una nueva “Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público” presentada por el gobierno del presidente Daniel Ortega, ante la Asamblea Nacional, incrementaría la discrecionalidad dentro de las esferas de la administración pública, y “aumentaría los niveles de corrupción”, afirmaron diversos sectores relacionados al tema.

Esta nueva ley --de aprobarse-- legaliza, además, el uso que se hace de la cooperación venezolana, contratando a empresas ligadas o propiedad de funcionarios como el caso de Tecnosa y las casas del proyecto “El Pueblo Presidente”.

El proyecto, que sustituiría la actual “Ley de Contrataciones del Estado”, Ley 323, y que actualmente se encuentra en manos de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto del Parlamento, se abrirá a etapa de consulta, y se espera que en este segundo semestre legislativo sea discutida y aprobada por los diputados.

Sin embargo, representantes de entidades independientes y funcionarios públicos vinculados con el tema, han evidenciado sus reservas hacia lo que podría ser una “carta bajo la manga” para vulnerar la transparencia en los procesos de licitación y contrataciones del Estado.

El contralor Guillermo Argüello Poessy la califica como “novedosa”, pero no se atreve a afirmar si será efectiva “porque los vivos cualquier ley burlan”.

“Un cheque en blanco”

“Es como poner cheque en blanco para cometer actos indebidos, advirtieron Luis Aragón, y César Martínez, del organismo Ética y Transparencia (EyT).

“Como está no fortalece la transparencia, por eso nosotros hemos hecho nuestros aportes para enriquecerla”, afirmó por su parte Roberto Lacayo, presidente de la Cámara de la Construcción de Nicaragua (CCN).

Según la exposición de motivos del presidente Ortega, la actual ley tiene procedimientos “confusos, ambiguos y extensos”, por lo que resulta “burocrática, engorrosa y no acorde al desarrollo moderno de los sistemas de renovación tecnológica que exigen estos tiempos de globalización”.

De manera que el mandatario propone cambios sustantivos que implican reducción de costos, tiempo, y una mayor publicidad y transparencia a los procesos de contratación.

“Aumentarían niveles de corrupción”, dice EyT
Sin embargo, según Luis Aragón y César Martínez, de EyT, con la nueva ley “aumentarían los niveles de corrupción” en la administración pública, porque no garantiza la transparencia en la asignación de las licitaciones por bienes y servicios; permite en algunos casos la contratación de funcionarios como proveedores “aun cuando esto genere conflictos de intereses”; y debilita la fiscalización de parte de la Contraloría.

Señalaron que los medios de publicidad utilizados tradicionalmente para dar a conocer los procesos de licitación, sus condiciones, y sus resultados, como La Gaceta y los periódicos, serán suprimidos, y la difusión estará centralizada en el portal electrónico Sistema de Contrataciones Administrativas del Estado, (Siscae).

“La Gaceta y los diarios de circulación nacional, que siempre han sido utilizados, ahora con esta nueva ley ni siquiera se mencionan”, señaló Martínez.

Aragón señaló que los funcionarios también podrían aprovechar una eventual falla en el sistema electrónico, o la desactualización del mismo, para permitir o cometer irregularidades.

Restringen reclamos de oferentes
Otro problema que identificaron en la iniciativa es la disminución en el tiempo asignado a los oferentes para presentar sus ofertas.

“Por ejemplo, en la licitación pública se hablaba de un mínimo de 45 días, y ahora se ponen 20 días. Hasta cierto punto, esta disminución está bien. Sin embargo, otra modalidad que se menciona, como es la licitación selectiva, pasó de 25 días hasta 7 días. Inclusive en las compras menores, sólo dejaron tres días”, explicó Martínez.

“Entonces, puede ocurrir que los oferentes no tengan suficiente tiempo para preparar una oferta ganadora”, dijo, y señaló que esto puede ser utilizado por empresarios “conectados” con los funcionarios públicos, para anticipar sus ofertas de manera desleal.

Aragón añadió que la nueva ley eliminaría dos recursos legales que sirven a los oferentes para reclamar durante la licitación por la existencia de irregularidades: el recurso objeción al Pliego de Base y Condiciones; y el recurso de Aclaración ante el Dictamen Técnico, donde se aclara a los oferentes las razones de selección de una oferta.

Por otro lado, dijo que serían objeto de exclusión de procedimientos o de contratación directa, los medicamentos, la compra de boletos de viaje, servicios de alojamiento y recreación.

“También quedaron como materias excluidas las contrataciones de instituciones del servicio exterior, en el extranjero, y las contrataciones por emergencias no derivadas de desastres y calamidad pública”, puntualizó.

¿Libre albedrío con fondos internacionales?
En su artículo 5, la iniciativa establece que igualmente se considera como “materia excluida”, la “contratación con fondos internacionales”.

Y especifica: “Todo contrato, incluyendo la adquisición de bienes, servicios generales, servicios profesionales de consultoría, y la ejecución de obras públicas, que se financie mediante donaciones internacionales o créditos de estados extranjeros y organizaciones internacionales, o que se fundamenten en tratados, acuerdos o convenios internacionales, se regirá por lo que se estipule en los respectivos instrumentos”.

Según señaló Aragón, los funcionarios públicos podrían ser contratados por entidades del Estado --a excepción de la institución donde labora-- “aun cuando esto genere conflictos de intereses”.

Actualmente existen contratos internacionales en los que el país firmante o donante determina que para llevar adelante una obra, se tiene que contratar a empresas de esa misma nación, pero dejar la puerta abierta para contratar con fondos internacionales, es legitimar casos como el de Tecnosa.

CCN: “Se debe mejorar”

Roberto Lacayo, presidente de la Cámara de la Construcción de Nicaragua, considera que la iniciativa de gobierno contiene conceptos y condiciones de participación, que atentan contra el oferente o el proveedor, poniéndolos en una posición de desigualdad con respecto al Estado.

La propuesta de Ortega en el artículo 11 señala que no es necesario que los interesados en participar en una licitación sean proveedores del Estado al presentar su oferta, sino hasta que se vaya a formalizar el contrato.

Esto es rechazado por la CCN porque consideran conveniente mantener la obligatoriedad del Certificado del Registro Central de Proveedores del Estado como requisito para presentar oferta y no sólo al momento de formalizar el contrato.

“Lo opuesto promueve al sector informal e institucionaliza la competencia desleal que cumplen con sus obligaciones y responsabilidades tributarias, seguridad social o laboral”, dijo Lacayo.

A la vez, manifestó que no debería de derogarse la Garantía de Mantenimiento de Oferta, pues fomentaría la participación de oferentes que no poseen respaldo económico para participar en un proceso licitatorio a competir con ellos, lo que significa un serio riesgo para el resguardo de los recursos financieros públicos que se comprometan en el proceso.

Lacayo también propuso la existencia de una cláusula de reajuste en la escala de precios tanto para arriba como para abajo, por los incrementos que se está teniendo en los materiales de construcción, de conformidad con las tablas del Banco Central de Nicaragua.

Los integrantes de la CCN estiman que la eliminación de los recursos “no es buena”, porque sirve de instrumento para proteger a los oferentes y a los contratistas; y lo que sí se debe hacer es resolver de manera expedita para no atrasar los procesos de licitación, porque la prolongación del tiempo en la evacuación de los recursos es lo que nos afecta.

“En cuanto a las prohibiciones de contratar con familiares, debería convencerse tal como está porque se puede prestar a interpretaciones”, consideró Lacayo.

Una extraña defensa
Lejos de las críticas y con ojos de quien observa una ley moderna, el contralor Guillermo Argüello Poessy dice que el proyecto de Ortega es positivo para el país, porque la actual ley es irreal.

“Este proyecto de ley es enriquecedor para facilitar las contrataciones del Estado, porque el Estado no puede tener una camisa de fuerza”, dice Argüello Poessy, tras indicar que en la actual ley no se contempla la compra de bienes en el exterior, mientras, que en el proyecto presentado por Ortega sí.

“Si la Contraloría tuviera que comprar 100 computadoras con “x” especificaciones, tendríamos que caer en manos de los distribuidores locales pagando un sobreprecio, cuando bien pudiéramos conseguir en el exterior y con las empresas fabricantes directamente y a un mejor precio”, añadió.

De estar registrado de previo
Argüello se refirió al hecho que bajo la ley actual para poder ser oferente, de previo, hay que estar inscrito en el Registro de Proveedores del Estado, y eso lo único que ha hecho, según él, es reducir las posibilidades de tener más y mejores ofertas.

Dijo que a los empresarios no les puede gustar, porque es normal, tienen sus intereses y van a hablar de competencia desleal, pero el concepto de proveedor del Estado debe aplicarse sólo al momento de que se va a dar la contratación, pero exigir la inscripción de previo, eso sí es competencia desleal, porque sólo ellos pueden ofrecer.

Sobre la modificación a las prohibiciones de contratar con parientes que señala la ley actual, Argüello Poessy estimó que es correcta, porque la actual es muy cerrada. “Supongamos que yo tengo un cuñado con el que no me llevo bien o con quien me miro cada seis meses y tiene un crianza de cerdos, entonces no puede venderle animales al Mag-For, porque es mi pariente… No me parece”, dijo el contralor, quien invitó a ver con ojos positivos la propuesta de Ortega.


Diputado Wálmaro Gutiérrez:
“Descalifican por política”

Para el diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez, las críticas a la iniciativa de ley obedecen a un interés de descalificación política en contra del Gobierno, ya que según él, de aprobarse el anteproyecto se “dinamizaría” la ejecución del plan de inversiones públicas, y se daría un fuerte impulso a la economía nacional.

“Sin embargo, eso no significa que nosotros vamos a sacrificar transparencia por agilidad”, afirmó.

“El eje fundamental de todo esto es aprobar una ley, que sin detrimento de la transparencia, no se convierta en un óbice, fundamentalmente de la ejecución del plan de inversión pública, y por otro lado, una ley que te permita la amplia participación de los diferentes oferentes del Estado”, explicó.

“Esta ley también va dirigida a reducir los requisitos para que puedan existir más oferentes en el mercado nacional, y que no sean sólo las grandes empresas las que se lleven la tajada del león”, añadió.

Gutiérrez negó que con la propuesta del Ejecutivo las contrataciones con fondos internacionales queden excluidas de toda fiscalización.

“Todos los contratos y convenios internacionales --y eso te lo puedo demostrar con cualquier convenio de los que normalmente aprobamos en la Asamblea-- tienen toda una estructura, procedimientos y anexos, que dejan claramente establecidos cómo se van a ejecutar los fondos que los donantes aportan”, puntualizó.

“No estamos hablando de que por el hecho de que esos recursos sean materia excluida de la nueva Ley de Contrataciones del Estado, no tenga un marco regulatorio especial y de seguimiento”, sostuvo.

También señaló que la compra directa de boletos de viaje, pagos por servicios de alojamiento y recreación, obedecen a “contrataciones pequeñas que son del día a día de las instituciones”, imposibles de administrar por medio de licitaciones.

Y rechazó que la implementación del Siscae restrinja el acceso a la información a la ciudadanía o a los oferentes, porque las instituciones mantendrán sus propios esfuerzos de difusión.

Gutiérrez dijo que el anteproyecto actualmente está en manos de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto del Parlamento, y que permanece en su etapa de consulta. “Y será una de las prioridades para ser abordada y aprobada en este segundo semestre legislativo”, concluyó.