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El Consejo Nacional de Vialidad de Costa Rica comunicó a las 18 empresas que trabajan en la carretera paralela al Río San Juan, que deben suspender las obras de construcción hasta que se consigan más fondos, informó Francisco Jiménez, Ministro de Obras Públicas y Transporte del vecino país.

El ministro costarricense calculó que la suspensión será de dos o tres semanas, mientras se obtienen más fondos. La vía cuesta unos US$30 millones, y se encuentra en un 70% de avance.

Mientras en Nicaragua, el doctor Jaime Íncer Barquero, científico ambientalista, señaló que Nicaragua debe continuar ejerciendo “presión regional e internacional” para que esa obra sea suspendida de forma indefinida.

Además, indicó que están por aportar pruebas a la Corte Centroamericana de Justicia para que brinde su fallo, y confió que el mismo se traduzca en la suspensión total de la obra.

Recodó que aunque en este momento Costa Rica suspendió temporalmente la obra, “gran parte del daño está hecho, y la única posibilidad es que Nicaragua gane el litigio y pueda solicitar que el gobierno costarricense repare los daños causados”.

Sobre si el costo de los daños causados supera los US$30 millones, indicó que eso no se puede calcular así por así, y manifestó que para calcular las pérdidas que hasta ahora ha tenido Nicaragua con el daño en el Río San Juan, es necesario tomar en cuenta la cantidad de sedimentos, de arena por dragar, para mantener la navegación y la necesidad de vigilar esta zona, y todo eso “tiene un costo”.

Cabe recordar que Nicaragua demandó a Costa Rica el pasado 23 de diciembre ante la Corte de La Haya, por la construcción de una carretera, la cual, según la demanda, afecta la cuenca nicaragüense, pues la misma se inició sin que exista estudio de impacto ambiental. Para este caso, la Corte estableció el 19 de diciembre de 2012 como la fecha establecida para que Nicaragua presente su Memoria en esta demanda.

Sala Constitucional tica avala construcción
Mientras tanto, en la capital costarricense, la Sala Constitucional de ese país avaló la construcción de la carretera fronteriza, al rechazar un recurso de amparo en su contra.

El Poder Judicial Informó que esta Sala, en sentencia número 2012-3266 de las 16:00 horas del 07 de marzo de 2012, “declaró sin lugar” el recurso de amparo presentado por la Fundación Mundial Déjame Vivir en Paz y la Fundación para el Progreso de la Persona Ciega, contra el Consejo de Seguridad Vial y de la Presidenta de la República, Laura Chinchilla, por la construcción de la ruta paralela al Río San Juan, nombrada como Ruta” Juan Rafael Mora Porras”.

Quienes presiden estas fundaciones, Alberto Cabezas y  Erick Chacón, indicaron que a la construcción de la carretera le faltaban estudios ambientales, y que, además, no consideró la Ley 7600, porque no posee la infraestructura adecuada para personas con discapacidad.

El magistrado Fernando Castillo indicó a La Nación que el recurso “no tenía asidero de conformidad con el ordenamiento jurídico, ni la jurisprudencia de la Sala”, y explicó que la carretera de 160 kilómetros empezó a construirse por la declaratoria de emergencia nacional del gobierno de Chinchilla, debido al conflicto con Nicaragua.

Eso le permitió al gobierno obviar procedimientos como el estudio ambiental, pero, además, Castillo calificó de prematuro haber recurrido por la falta de infraestructura para discapacitados porque los recurrentes no demostraron “que efectivamente se haya vulnerado la ley. Es un recurso prematuro, porque eso no se puede determinar anticipadamente, sino hasta que se termine la vía”.

La Presidencia de Costa Rica dijo que el Gobierno recibe con suma complacencia el rechazo del recurso de amparo, y aseguró que se mantendrá el esfuerzo que se ha estado haciendo hasta ahora, para llevar desarrollo y beneficios a los habitantes de las comunidades fronterizas.

Por su parte, el vicecanciller costarricense Enrique Castillo aseguró no estar sorprendido por el fallo, porque los argumentos planteados en la demanda son infundados. “Es una noticia que no sorprende, porque era una demanda tan infundada y tan falta de razonabilidad.... Era lo que todos los costarricenses estábamos esperando, y, efectivamente, causa regocijo saber que se ha impuesto la razón”, dijo el funcionario a Radio Reloj.

Fundación explorará nuevas acciones
La Fundación Déjame Vivir en Paz, a través de un comunicado, dijo que no lamentaba la decisión de la Sala Constitucional de Costa Rica en contra de su demanda, porque “el rechazo es por la forma, no el fondo”, y señalaron que evaluarán nuevas acciones a realizar a favor de las personas con discapacidad y el medio ambiente.

“En fin, la lucha no termina aquí, apenas inicia, la sentencia nos abre muchas puertas y nos indica hacia dónde debemos dirigirnos de la mejor manera. En fin, estamos contentos con la resolución”, señalaron.