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La Policía Nacional afirmó que las investigaciones sobre la masacre ocurrida en el sector conocido como Isla Venado, en la Bahía de Bluefields, donde fueron asesinadas cuatro personas, indican que fue perpetuada por una misma persona y que aparentemente se debió a problemas de propiedad.

Según los familiares de las víctimas, el hecho se registró el jueves por la tarde en la finca de Rubén Peña Rodríguez, de 67 años, quien fue acribillado junto a sus parientes: Rosalío Vega, de 32; Pedro Eduardo Coronado Hurtado, de 15, y  Antonio Vega Mendoza, de 14 años.  Ellos señalan como autores materiales e intelectuales a la pareja integrada por Oneil Brown Tinkan, de 60 años, y Mirna Castillo, de 54, quienes presuntamente en compañía de otros sujetos llegaron a asesinar a sus parientes.

El comisionado mayor Fernando Borge, jefe de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, dijo que presuntamente Brown utilizó un arma de fuego y otra cortopunzante para cometer los crímenes y que, hasta el momento, todo hace indicar que actuó solo.

Agregó que el supuesto autor de los hechos ya está detenido y sigue siendo investigado.

Mediaciones no sirvieron

Justino Avelino Vega Hurtado, de 24 años y único sobreviviente de la masacre, aseveró que la Policía, junto a las autoridades del gobierno Kriol, son cómplices de lo ocurrido, ya que tenían conocimiento de que a Rubén Peña lo habían amenazado de muerte, con el fin de que dejara las tierras que ocupa desde hace más de 20 años, pero no hicieron nada.

“Preliminarmente conocemos que existía un conflicto entre el señor Brown y Peña, desde hace varios años, aparentemente por el uso de la propiedad. Había algunos antecedentes de agresiones, pero no había llegado hasta este punto, la Policía en distintos momentos intervino e incluso había otras instancias que estaban tratando de intervenir para que no pasara a más, pero lamentablemente tenemos estos resultados”, explicó Borge.

Para enfrentar la inseguridad en Bluefields se constituyó un Consejo de Convivencia y Seguridad Ciudadana”, en el que autoridades policiales informaron que existen 2,808 órdenes de detención, entre las que se cuentan 213 por delitos de violación contra mujeres y menores, pero ya no hay espacio en la cárcel preventiva para más detenidos.