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Ante el incremento de conflictos por propiedad, cuyo último capítulo dejó cuatro personas muertas en Bluefields, el presidente de la Cámara Americana de Comercio de Nicaragua, Amcham, Yalí Molina, propuso la implementación de árbitros para la solución de los mismos.

Molina sugirió que ese servicio podría ser brindado por el Centro de Arbitraje que tiene la Cámara de Comercio de Nicaragua, siempre y cuando las partes en conflicto estén  de acuerdo.

El dirigente empresarial advirtió que en los problemas de propiedad donde la Procuraduría General de la República interviene en representación del Estado, dicha institución no puede seguir actuando por la vía de hecho, “porque es un mal mensaje para el inversionista”.

“No dudo que en algunos casos el Estado tenga la razón en los reclamos que hace, pero para eso están los tribunales de justicia”, refirió el presidente de Amcham.

Amcham  está empecinada en atraer la inversión para contribuir con el  desarrollo del país, dijo Molina, pero advirtiendo que ningún esfuerzo tendrá resultados positivos si no hay seguridad jurídica para el inversionista.

Eduardo Fonseca, Director Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Nicaragua, Caconic, afirmó que el centro de arbitraje está a la orden de quienes deseen resolver sus diferencias por propiedades por la vía del arbitraje.

El Centro de Arbitraje funciona en Nicaragua desde el año 2006 después de que en 2004 la Asamblea Nacional aprobó la Ley 540 o Ley de Arbitraje, indicó Fonseca.

Para que a la  solución de un conflicto se llegue por la vía del arbitraje, es necesario que ambas parte estén de acuerdo, señaló el entrevistado.

Tres árbitros

Una vez que las partes aceptan  el  arbitraje, cada una elige a un árbitro y luego se ponen de acuerdo para la escogencia del  tercer juez, pero de no hacerlo, lo hace el Centro de Arbitraje, explicó Fonseca.

“La escogencia del tercer árbitro no significa que su fallo será el que va a decidir entre los otros dos, porque hay casos donde los tres jueces han coincidido en su laudo”, subrayó el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Nicaragua.

Los tres árbitros son escogidos de una lista que tiene el Centro de Arbitraje y los procesos no se extienden más allá de los nueve meses, agregó la fuente.

Casos en disputa

Febrero despuntó con la disputa por 17 manzanas de tierra en la Carretera Managua-Masaya, entre la Procuraduría General de la República, la Alcaldía de Managua y los inversionistas del grupo Panica, más los herederos de Mercedes Arévalo viuda de Román.

Este caso actualmente está radicado en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, donde llegó  por un recurso de amparo que presentó el abogado de los inversionistas de Panica contra la Procuraduría, la Alcaldía de Managua y la Policía.

Días después surgió el conflicto por 20 manzanas de tierra en Punta Teonoste, jurisdicción de Tola, Rivas, entre la Procuraduría y la familia Bühler, después de que la institución estatal, con el uso de la fuerza pública, invadiera esas tierras con intenciones de cedérselas al otrora guerrillero Edén Pastora Gómez.

La batalla legal por Punta Teonoste tiene como escenario la Sala Civil del Tribunal de Apelaciones de Granada, donde según la magistrada María Auxiliadora Alemán, en esta semana se dictará sentencia.

Hace dos días, el Procurador General de la República, Hernán Estrada, llegó a un acuerdo con el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, Cosep, José Adán Aguerri,  para que esa organización empresarial actúe como árbitro en la solución del conflicto.

Hace dos días Freddy Ramírez Rodríguez denunció que estuvo preso 48 horas en la Estación Tres de Policía, donde según él fue obligado a firmar un documento por medio del cual cede cinco manzanas de tierra de la comunidad de Jocote Dulce, donde hace un año -según el denunciante- fue víctima de despojo de parte de la Procuraduría.

En la Región Autónoma del Atlántico Norte, RAAN,  han sucedido los dos conflictos más peligrosos de propiedad en el transcurso del año.

Durante el primer incidente, un grupo de nativos de la comunidad de Lapan secuestraron durante 23 días a 15 policías, entre ellos seis voluntarios, exigiendo para su liberación que salieran de sus tierras colonos llegados de otras partes del país.

El último y más grave de los hechos relacionados con las disputas por propiedades tuvo como escenario la isla El Vendado, jurisdicción de Bluefields, donde cuatro campesinos fueron asesinados a machetazos e impactos de bala, una pequeña parcela de tierra.