Jorge Eduardo Arellano
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La propuesta de “Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público” del Gobierno para sustituir la actual Ley de Contrataciones del Estado, es objeto de cuestionamientos por el temor de que funcione como instrumento para la comisión de actos irregulares en la administración pública.

El ex contralor Juan Gutiérrez señaló que existen “serios vacíos” en la iniciativa elaborada en el seno del Poder Ejecutivo, y pidió a los actuales contralores oponerse a cualquier ley que disminuya los grados de fiscalización a las entidades estatales.

“No entiendo por qué el contralor Guillermo Argüello Poessy habla de que es un buen proyecto de ley, cuando yo observo que se trata de una propuesta que debilitaría la fiscalización pública en las contrataciones”, afirmó Gutiérrez a EL NUEVO DIARIO.


Fomentará corrupción
Según fuentes vinculadas a este tema, la aprobación de la nueva ley incrementaría la discrecionalidad en la actuación de los funcionarios públicos en materia de contratación de bienes y servicios, y fomentaría los niveles de corrupción.

Entre los señalamientos destacan: la eliminación de dos recursos por reclamo a favor de los oferentes que participan en una licitación; la centralización de la información al público a través de un portal electrónico; la drástica disminución en los lapsos para presentar una oferta; y la contratación de funcionarios públicos, aun cuando esto genere conflictos de intereses.

“Hay serios vacíos en ese proyecto del presidente Daniel Ortega que lo propician el tráfico de influencias, la competencia desleal y actos irregulares con los fondos del Estado”, añadió Gutiérrez.

Recordó que unos cinco años atrás, cuando todavía ejercía como contralor, los miembros del Consejo del ente fiscalizador enviaron una propuesta de reforma a la Ley de Contrataciones a la Asamblea Nacional, en busca de agilizar los trámites, pero sin perjuicio de la efectividad en el control.

Insistió en que si el Parlamento aprueba la “Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público”, tal como está, “la Contraloría en esos procesos de adquisiciones de bienes va a llegar a velar el muerto, cuando pudo haber evitado que se muriera”.


“Buena, pero discutible”, dice Jarquín Anaya
Por su parte, el ex contralor Agustín Jarquín Anaya y actual diputado ante el Parlamento, le dio un voto de confianza a la propuesta de ley que calificó como “positiva y “necesaria”, pero afirmó que el debate exhaustivo para su aprobación debe ser una prioridad.

Recordó los objetivos esenciales para la contratación de bienes y servicios. “Lo primero es que el proceso de adquisición asegure que el bien o servicio que se va a conseguir, tenga las calidades requeridas, o mejores todavía, y el precio mínimo razonable por ello”, explicó.

“En segundo lugar, que el proceso adquisitivo se haga transparente. Que se disminuya la discrecionalidad del funcionario, del titular o del grupo de funcionarios de la entidad que está adquiriendo, de manera que dentro de las diferentes ofertas pueda existir una competencia sana”, detalló.

“Y en tercer lugar, que exista certidumbre en los procesos de adquisiciones públicas, y también seguridad jurídica, en principio, para la entidad adquirente, pero también para los diferentes oferentes”, puntualizó.

Jarquín se comprometió a introducir una moción para garantizar que la divulgación de los procesos de licitación se mantenga a través de La Gaceta y los medios impresos, y no únicamente a través de un sistema electrónico.