Jorge Eduardo Arellano
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REDACCIÓN CENTRAL

Pese a que sus acusadores no presentaron en tiempo y forma las pruebas de cargo, el director del diario La Prensa, Jaime Chamorro Cardenal, y el jefe de Redacción del mismo, Eduardo Enríquez, enfrentarán este diez de septiembre un nuevo juicio por la supuesta autoría del delito de injurias en perjuicio de los hijos de la presidente ejecutiva de Enacal, Ruth Selma Herrera.

Valga decir que éste es el segundo juicio que en menos de dos años de gobierno Ortega le oponen a los directivos de La Prensa, sobre quienes pende una tercera amenaza, porque la Procuraduría está analizando si éstos incurrieron o no en “traición a la patria”, al informar que una delegación de las FARC supuestamente visitó Nicaragua el pasado 19 de julio.

La querella explica que una publicación del diario La Prensa del cinco de julio de este año, referida al supuesto festín que la titular de Enacal hacía con los carros de la institución, dos de los cuales presuntamente eran usados por los hijos de la funcionaria, afectó la honra e imagen de éstos, por cuanto la imputación que les hicieron es totalmente falsa.

Días atrás, La Prensa publicó dos artículos periodísticos en los que representantes de dos sindicatos de Enacal confirmaban la denuncia que hizo el diario.


Juez rechaza excepciones y nulidades
Durante la audiencia inicial del juicio, que se realizó a puerta cerrada en el Juzgado Sexto Local Penal de Managua, el juez suplente Felipe Jaime Sandoval, admitió la querella y las pruebas de cargo, pese a que la abogada defensora de los querellados incidentó de nulidad y opuso varias excepciones.

Helga Asher primero incidentó de nulidad, porque los hechos que les achacan a Chamorro y a Enríquez son atípicos, debido a que el nuevo Código Penal de Nicaragua no considera como autores o coautores del delito de injurias a los representantes legales o directores de los medios de comunicación, quienes sí estaban penados en el viejo Código Penal de Nicaragua en un artículo, que a juicio de la abogada, “estaba dirigido contra el mártir de la libertades públicas, doctor Pedro Joaquín Chamorro”.

La abogada también incidentó por falta de acción, porque a su juicio quien debe querellar en nombre de sus menores hijos es el padre o la madre de éstos, pero en este caso quien apareció representándolos fue el abogado Marcos Suárez, quien además no ofreció el poder como prueba.

Asher, igualmente, alegó que los hechos por los que sus representados fueron querellados, ya prescribieron, y por si fuese poco, el abogado querellante no adjuntó a la querella la lista de las pruebas de cargo, lo que anula todo el proceso por abandono de la acción.

El abogado querellante rebatió todos los argumentos de Asher, pero reconoció que no adjuntó a la querella la lista de las pruebas, pero señaló que no se puede hablar de abandono porque es hasta hoy (ayer) que se está debatiendo si se admite o no la causa.

El juez suplente, Felipe Jaime Sandoval, desechó todos y cada uno de los argumentos de la abogada de los directivos de La Prensa, pero hizo especial énfasis en la prescripción y atipicidad del hecho, explicando que la querella fue presentada el 23 de julio, y los hechos acusados ocurrieron el cinco de julio, cuando no había entrado en vigencia el nuevo Código Penal.


Una extraña analogía
En todo caso, señaló el juez, el mismo Código Penal vigente establece en su artículo 45, que la persona que incurra en delito o falta actuando en nombre de otro, ya sea como directivo, administrador o como representante legal, responderá personalmente por éste.

La resolución judicial generó la protesta de la abogada Asher, quien dijo que parecía que el juez ya había admitido la querella desde el momento que resolvió las nulidades e incidentes en contra de lo establecido en el Código Procesal Penal y en la Constitución de la República.

Como asteriscos del juicio, hay que decir que el juez no les aplicó ninguna medida cautelar a los funcionarios de La Prensa, quienes tuvieron un “dime que te diré” con los periodistas de los medios oficialistas.