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Una comisión de organizaciones de derechos humanos y de la de sociedad civil presentará ante el relator especial para la libertad de asociación, sobre las dificultades para poder obtener una personalidad jurídica en Nicaragua, a la vez que detallará la problemática de la fuga de la cooperación externa.

Karla Sequeira, Directora de Asesoría Legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, señaló que esta semana viajarán a Washington, y que el 26 estarán en una sesión temática donde se plantearán los problemas sobre la libertad de asociación.

“Se expondrá esto por región. Además de Nicaragua, también lo planteará Colombia, Venezuela, Honduras y Guatemala. Se hablará de los mayores conflictos de la libertad de asociación en el país, entre ellos las irregularidades y las ‘trabas’ administrativas con las que se limita la libertad de asociación, y, lo más notorio, es que todo inicia con la solicitud a un diputado para que te autorice y luego solicitar la personalidad jurídica, algo que tiene que pasar a secretaría de la Asamblea Nacional”, alega.

Sequeira detalló que el trámite ahí no es tan tardado, en comparación con el Ministerio de Gobernación, al no tener uniformidad en los criterios para aceptar o no la escritura de constitución.

Dijo que muchas veces exigen que se rehagan todos los pasos, incurriendo en tardanzas y gastos a los solicitantes.

Los CPC y las multas

“Por otra parte, está a criterio personal las multas que se aplican según el artículo 22 de la Ley 147 o Ley General Sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro, algo que no está claramente establecido. Otra forma de limitar el derecho de asociación es la instauración de los Consejos del Poder Ciudadano, instancias partidarias que sin ser entes del Estado, son presupuestados, y prácticamente han sustituido a los Comités de Desarrollo Municipal, a los que incluso no dejan participar en los cabildos”, comentó.

Otro de los obstáculos son las multas administrativas del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, INSS, hacia las asociaciones sin fines de lucro, por no enterar las cotizaciones de los miembros del voluntariado social, lo cual se considera arbitrario, dado que ellos no son contratados y no tienen relación laboral, pues su estatus es voluntario.

Estimó que esta serie de situaciones tienden a limitar el accionar de las organizaciones sin fines de lucro, las cuales trabajan en su mayoría en campos, a los cuales el gobierno no da atención o atiende al mínimo, temas como la asesoría legal ante violencia hacia la mujer, seguridad alimentaria y atención a la niñez en abandono.

La exposición del informe de la situación será el 26 de marzo, y estarán presentes Karla Sequeira, por la CPDH; Norwin Solano, por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, y una representación de la Coordinadora Civil.

Otro de los puntos a abordar será el maltrato del gobierno actual hacia las organizaciones de cooperación internacional, por lo cual muchas han decidido retirarse del país o reducir la cantidad de fondos destinados a Nicaragua.