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Suscrita el 18 de marzo de 1812 y promulgada al día siguiente, la de Cádiz fue la primera Constitución Política moderna del mundo hispánico. Para comprender su génesis, es necesario remontarse a principios del siglo antepasado.

Antecedentes

La principal consecuencia de la crisis política de España, a raíz de la invasión de Napoleón Bonaparte en 1808, fue el establecimiento de una monarquía constitucionalista. A raíz del traslado de Carlos IV y de su hijo Fernando a Bayona, Francia —donde el feroz corso les había arrebatado la corona, imponiéndola a su hermano José— la resistencia española fue organizada en Aranjuez el 25 de septiembre de 1808 por una Junta General que gobernaba en nombre de Fernando VII. Presidida interinamente por el conde de Floridablanca, la Junta decretó un “Donativo patriótico voluntario” para la defensa de España.

En Granada, Nicaragua, don Crisanto Sacasa y don José Argüello fueron los primeros en aportar fondos. También la comunidad indígena de Sutiaba hizo un donativo de mil pesos y en enero de 1810 la fragata “Nicaragua” —que zarpó del golfo de Honduras hacia Cádiz— condujo otro donativo, esta vez de 207,289 pesos. Pero la decisión más importante de la Junta fue convocar a los americanos para integrarla con una representación, de acuerdo con la real orden firmada en Sevilla el 22 de enero de 1809.

Esta real orden consideraba que los vastos y preciosos dominios que España posee en las Indias, no son propiamente colonias o factorías, como las de las otras naciones, sino una parte esencial e integrante de la Monarquía Española. En consecuencia, se declaraba que los reinos, provincias e islas que forman los referidos dominios, deben tener representación nacional… y constituir parte de la Junta Central Gubernativa del Reino por medio de sus correspondientes diputados.

302 diputados peninsulares y americanos

Al año siguiente, el Consejo de la Regencia —único gobierno representativo de la nación española, sustituto de la Junta Central— convocó a Cortes Extraordinarias y Generales. Estas se reunieron, por primera vez, el 24 de septiembre de 1810 en la isla San Fernando de León, (cerca de Cádiz). A 302 ascendió el número de los diputados peninsulares y americanos: 97 eran eclesiásticos, 60 abogados, 55 funcionarios públicos, 37 militares, 16 catedráticos, 15 propietarios, nueve marinos, ocho títulos del Reino, cinco comerciantes, cuatro escritores, tres maestrantes (artilleros) y dos médicos.

Según los historiadores Felde y de Labra, las Cortes celebraron —hasta su disolución el cuatro de mayo de 1814— 1,810 sesiones; de ellas 978 ordinarias, 18 extraordinarias y 814 secretas. “Los diputados —puntualizan— tuvieron que luchar con todo género de dificultades y arrostrar toda clase de peligros. La fiebre amarilla atacó a 60 diputados, de los cuales murieron 20 de los más conspicuos de la Cámara”.

Uno de ellos fue el representante de Puerto Rico, el teniente de Navío Ramón Power (San Juan, 1775-Cádiz, 1813), quien tenía entonces 37 años de edad. Power es considerado en su país un tribuno del liberalismo anticolonial. A otro sobresaliente diputado americano, Dionisio Inca Yupanqui, le correspondió asumir la defensa de la igualdad y libertad plena de americanos y españoles. En la sesión del 16 de diciembre de 1810 dijo: Un pueblo que oprime a otro no puede ser libre.

Del Reino de Guatemala asistieron representantes de sus seis provincias: Mariano Robles por Chiapas, el canónigo Antonio de Larrazábal (1769-1853) por Guatemala, Ignacio Dávila por El Salvador, Francisco Morejón por Honduras, el doctor José Antonio de la Plata por Nicaragua y el presbítero Florencio del Castillo (Ujarraz, 1768-Oaxaca, 1834) por Costa Rica. Sus nombres aparecen firmando la Constitución. Los 63 diputados americanos —en la primera legislatura de 1810 a 1813— fueron elegidos por sus respectivos cabildos.

Cada diputado ganaría 40 mil reales de vellón, pagaderos por las provincias electoras. Los diputados eclesiásticos prebendados quedarían sin sus prebendas. A los del Reino de Guatemala se dispuso pagarles cuatro mil pesos, pero en 1813 aún no habían recibido ninguna anualidad.

El oratorio de San Felipe Neri, local de las sesiones

El 24 de febrero de 1811 dieron inicio las sesiones en Cádiz, las cuales se prolongarían hasta el 14 de septiembre de 1813. Se reinstalaron el 12 de octubre siguiente y, dos días más tarde, retornaron al sitio original de las primeras sesiones: la isla de San Fernando de León. El 29 de noviembre del mismo año pasaron a Madrid. En Cádiz, las Cortes se reunían en el oratorio de San Felipe Neri.

El recinto era de planta oval y el ingreso de los diputados se hacía por el altar mayor, adornado por dos columnas jónicas. A la iglesia la circundaban pilastras del mismo orden. En el frente, y bajo dosel, se admiraba el retrato de Fernando VII. Dos series de bancos y una de sillas ocupaban en cada semicírculo los diputados. En el centro se hallaban las mesas del presidente y del secretario, como también las tribunas. Una primera galería facilitaba el acceso del público y de los taquígrafos. Otra más alta se destinaba al público.

Telas de damasco carmesí cubrían los altares de los oradores y el pavimento del piso estaba revestido de alfombras turcas. No había preferencia de asientos entre los diputados, de modo que cada cual se ubicaba conforme a las circunstancias del día. El óvalo del recinto de las Cortes tenía treinta y dos varas de largo por veinte de ancho. Calle por medio de la entrada principal al oratorio —cerrada durante todo el periodo de las Cortes—, había unas pequeñas casas. Allí se establecieron salas de descanso para los diputados y oficinas de las Cortes. También se habilitó una modesta capilla, donde decían misa diaria los numerosos sacerdotes que eran diputados.

“La Pepa” y sus principales artículos

De 384 artículos, distribuidos en diez títulos, constó la Constitución, llamada popularmente “La Pepa” porque su promulgación había sido el 19 de marzo, día de los “Pepes” y “Pepas”. El primero del título I rezaba: La Nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. El siguiente especificaba que España es independiente y libre, y no puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona. Otros establecían que la potestad de hacer leyes reside en sus cortes, en el rey la de hacerlas cumplir, y la de aplicarlas a los tribunales de justicia establecidos por la ley.

Para Emilio Álvarez Lejarza, la Constitución de 1812 entraña “una monarquía hereditaria moderada”, distinta del régimen autocrático implantado el 6 de julio de 1808 por la Constitución de Bayona. En esta —dictada por José Bonaparte— “sigue siendo el rey el centro y el resorte de todo el sistema”. No así en la de Cádiz, en la cual el rey no podía impedir la celebración de las Cortes, ausentarse del reino sin su permiso, y si lo hiciera quedaba entendido abdicaba a la corona. Tampoco podría trasladar la autoridad real ni enajenar las tierras; ni podía hacer alianza, ni imponer contribuciones, ni tomar la propiedad privada, ni privar de su libertad a persona alguna.

Por lo demás, ambas constituciones establecían la confesionalidad católica. El artículo 12 de la Cádiz dice: La religión de la Nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica y romana, única verdadera. La Nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra.” Este artículo era indispensable para la Constitución de Cádiz, puesto que se deseaba mantener el mismo territorio de la monarquía española del antiguo régimen, sustentado en el doble pilar del altar y el trono.

El artículo 5 del capítulo dos define a “los españoles” diciendo que son todos los naturales y naturalizados del territorio de las llamadas “Españas” en “ambos hemisferios”, excepto los hombres “no libres”. Es decir, los esclavos (negros en su mayoría). Pero el artículo 12 era explícito: a los españoles que por cualesquiera líneas son habidos y reputados por originarios de África les queda abierta la puerta de la virtud y del merecimiento para ser ciudadanos. Como fue elaborada en plena lucha contra la invasión francesa, la Constitución dispuso en su artículo 9 del título dos que todo español estaba obligado a defender la Patria por las armas cuando sea llamado por la ley. No se olvide que “La Pepa” fue promulgada cuando cien mil soldados al mando de Murat, ocupaban gran parte del territorio peninsular.

En cuanto al sistema electoral, “La Pepa” señalaba el artículo 34 (título tres) que la elección de diputados a Cortes se haría a través de juntas de parroquia, de partido y de provincia. En otras palabras, imponía las elecciones indirectas de tercer grado.

Influencia en Europa y América

Mi maestro en la Complutense, Mario Hernández Sánchez-Barba, asegura que la Constitución de Cádiz impactó a toda Europa, influyendo en Portugal, Nápoles, Turín, Rochelle, Moldavia, Noruega, Rusia, Grecia; y en casi toda la América española. De hecho, abolía los cuatro virreinatos: Nueva España (México), Perú, Nuevo Reino de Granada y Río de la Plata (Argentina, Paraguay y Alto Perú). En México fue aplicada por las autoridades españolas y luego revocada como consecuencia del regreso de Fernando VII. Lo mismo ocurrió en Perú.

En síntesis, “La Pepa” constituyó el origen del derecho constitucional de Hispanoamérica y de la toma de conciencia del ser nacional. Por su lado, en España significó “la expresión más acabada del programa revolucionario de la burguesía liberal”, según Miguel Artola. Pero a Carlos Marx se le debe el análisis más certero: “lejos de ser una copia servil de la Constitución de 1791 —como lo afirmó en 1814 el mismo Fernando VII—, fue un producto genuino y original, surgido de la vida intelectual española, regenerador de las antiguas tradiciones populares, introductor de las medidas reformistas enérgicamente pedidas por los más célebres autores y estadistas del siglo XVIII”. (Revolución en España. Barcelona, Ariel, 1960, pp. 124-125).

Larrazábal, de La Plata y el Castillo

Las Cortes tuvieron 37 presidentes, 35 vicepresidentes y 36 secretarios; de ellos, respectivamente, 10, 12 y 11 fueron americanos. Antonio Larrazábal figuró entre los primeros. Pues bien, Larrazábal imprimó en Cádiz unas Instrucciones del Ayuntamiento de Guatemala —redactadas por el criollo José María Peynado, primer constitucionalista de Centroamérica— y expuso, ante las Cortes estupefactas, lo siguiente: Guatemala se oponía a que se dictasen leyes sin su concurso; los diputados de América no debían ser españoles europeos, sino criollos; para ser ciudadanos y ejercer sus derechos, no se opone al defecto de nacimiento adulterino, sacrílego, incestuoso, ni el dañado y punible ayuntamiento. Para el argentino Jorge Abelardo Ramos, esto significó no solo un paso gigante hacia la modernización de la legislación civil, sino también incluir a millones de americanos indios, de matrimonio irregular, en la decisión política de la ciudadanía.

El originario de las Segovias, José Antonio de la Plata, diputado de Nicaragua, gestionó para que esta se constituyera en Capitanía General, con audiencia propia, independiente de la que residía en Guatemala; igualmente hizo moción para que se decretara la apertura del Canal por Nicaragua. No tuvo éxito debido a la restauración del absolutismo borbónico.

El diputado de Costa Rica, Florencio del Castillo, pidió que se erigiese en Cartago una catedral y se fundase un seminario. Ya anteriormente había obtenido que se habilitase el puerto de Matina. Pero lo más admirable de su participación en las Cortes de Cádiz fue su tesón a favor de los esclavos africanos, los mestizos y mulatos o castas pardas, y los indígenas americanos. Clamó por la abolición de la esclavitud que degrada a la especie humana, rechazó la desigualdad que castigaba al africano y desafió a los diputados europeos: ¿acaso hay españolidad pura, sin mezcla con sangre de vencedores extranjeros?