•   Managua, Nicaragua  |
  •  |
  •  |
  • elnuevodiario.com.ni

La disposición administrativa de la Procuraduría General de la República, de sustituir las Cartas de No Objeción por una Certificación al realizar trámites de transmisiones inmobiliarias, ha despertado suspicacia entre los abogados litigantes, no solo porque esta institución no está facultada por ley para exigir tal requerimiento, sino por la burocracia que la medida genera.

El texto de la disposición administrativa fue publicado el pasado 15 de marzo, a través de un campo pagado en los diarios nacionales, y establece que se requerirá de una certificación cuando el inmueble a transferir esté ubicado en zonas costeras, áreas de reserva y fronterizas, conforme las leyes 217, 647, Decreto 01-2007, y leyes 620, 690 y 749.

Así también las propiedades originadas en Títulos Supletorios y prescripciones adquisitivas que carezcan de antecedentes registrales adquiridas posterior a 2007, las propiedades cuyo antecedente inmediato proviene de los extintos bancos, y las transacciones cuyo antecedente provengan de Títulos de Reforma Agraria con base en Ley 14 y Ley 278, hasta el segundo asiento registral.

Según el procurador general, Hernán Estrada, quien fue consultado por EL NUEVO DIARIO vía telefónica, esta medida obedece a un “auxilio interinstitucional para efectos de preservar el patrimonio del Estado”.

Sin embargo, Brenda Martínez, abogada del área de Propiedad Inmueble del Bufete Taboada & Asociados, destacó que la institución no está facultada para promulgar dicha disposición administrativa, y, además, consideró que la medida “limita el tráfico jurídico”.

“La Procuraduría no tiene facultades para emitir este tipo de disposiciones, esto tiene que regularse por sus leyes. Es una forma de controlar todas las transferencias de aquellos inmuebles que en algún momento pertenecieron al Estado, y ahora, con el certificado, adicionaron temas costeros y de las propiedades de las reservas”, explicó Martínez.

“Entre las cosas nuevas que fueron incluidas, está que establecen un control para las recaudaciones de los extintos bancos. Otra de las disposiciones que se regulan ahora, que antes sí lo pedían pero había distintos criterios, es el tema de los títulos supletorios que fueron emitidos antes de 2007. Definitivamente, aumenta el control del Estado de acuerdo con sus intereses, y viene a controlar la recaudación de los extintos bancos.

Tiene cosas positivas como no exigir el certificado en las transacciones con los Títulos de Reforma Agraria cuando hay un tercer asiento”, agregó Martínez.

Procurador defiende disposición

Por su parte el procurador general, Hernán Estrada, en declaraciones vía telefónica, adujo que es obligación de esta institución tutelar los bienes del

Estado. La exigencia de la certificación, dijo Estrada, tiene como propósito “certificar lo que es bien del Estado”.

“Es obligación de la Procuraduría General de la República --como abogado del Estado-- tutelar los bienes que le pertenecen al Estado nicaragüense.

No estamos refiriéndonos a gestiones entre particulares y privados, es exclusivamente para que cuando alguna de esas institución considere que puede haber una afectación al patrimonio del Estado, cualquiera de ellas pida una certificación con base en las leyes que ya están establecidas”, explicó Estrada.

El procurador Estrada añadió que “todo lo que son bienes de los extintos bancos, pertenecen al Estado”.

“Cuando había el desorden, obviamente que algunos abogados que se dedicaban a todas estas marañas, estaban muy contentos de que no hubiese nadie que tutelara los intereses del Estado, pero es nuestra obligación hacerlo. Se trata de ordenar y proteger los intereses del Estado”, indicó Estrada.

“Estamos simplificando, reduciendo el ámbito, flexibilizando. Más bien la nueva disposición está orientada a dinamizar y no a atrasar, y a que las consultas solamente vengan de las instituciones correspondientes en lo que es la transmisión de bienes inmobiliarios”, añadió el funcionario.

Abogados litigantes critican burocracia

No obstante, a pesar de todas las bondades expresadas por el procurador Estrada, el abogado litigante con 16 años de experiencia, Martín Moraga Céspedes, resaltó que además del cambio de nombre, de Carta de No Objeción a Certificado, hicieron algunas modificaciones, como la excepción de solicitar este aval en el caso los inmuebles cuyos títulos sean otorgados por el Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (Invur), alcaldías e Intendencia de la Propiedad.

No obstante, Moraga Céspedes hizo hincapié en la burocracia que supone esta disposición administrativa, pues la emisión de una Carta de No Objeción muchas veces dura entre dos y seis meses.

Sin embargo, el abogado Jorge Olivares, quien trabaja con urbanizadoras, consideró que “de alguna manera viene a agilizar algunos trámites”.

Pero a su vez, criticó el fondo jurídico. “Este es un requisito que no existe por ningún lado, allí la Procuraduría se está tirando las trancas, en realidad es algo ilegal, pero ahora que ya se estableció como costumbre, lo que hacemos es ver el lado positivo”, expresó.

Entre lo positivo, Olivares mencionó que “en la medida en que todas las fincas matrices o todas las propiedades vayan adquiriendo su certificado, se va a ir dinamizando el asunto, descongestionaría los registros y los catastros, porque hay grandes trabones con las constancias de no objeción.

La vez pasada duré un año esperando que me dieran una constancia”.

La disposición de la PGR establece que dicha certificación “será emitida en sustitución de las Cartas de No Objeción, cuando Catastro Físico (Ineter), Catastro Fiscal (DGI) o el Registro Público de la Propiedad, lo soliciten expresamente, por el ejercicio de su cargo, y que en su deber de calificador y servidor público determine potencial afectación o perjuicio al Estado”.